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El Senado de la Nación dio un paso decisivo hacia la modificación de la Ley de Salud Mental al obtener el dictamen necesario para avanzar con un proyecto que busca transformar el abordaje de las crisis psiquiátricas y las adicciones. La iniciativa, que cuenta con el aval de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, propone flexibilizar las internaciones involuntarias y ampliar el alcance de la ley para incluir problemáticas como la ludopatía, bajo un esquema de mayor cooperación financiera entre la Nación y las provincias.
La normativa vigente, que ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, se encontraba en el centro de un intenso debate sobre la eficacia de los tratamientos y la protección de los pacientes. Durante meses, el oficialismo trabajó en el consenso necesario para destrabar el proyecto, incorporando modificaciones sustanciales que responden a los reclamos de gobernadores y especialistas, quienes advertían sobre la dificultad de intervenir a tiempo en casos de riesgo extremo.
Entre los cambios más destacados, el proyecto permite que cualquier médico -no necesariamente un psiquiatra- disponga una internación involuntaria ante un riesgo grave para el paciente o terceros, con un plazo de 48 horas para que un equipo interdisciplinario revalide la medida. Además, se habilita el uso de teleconsultas, se establece la obligatoriedad de un plan de egreso desde el inicio del tratamiento y se garantiza que los menores sean atendidos en espacios diferenciados de los adultos, manteniendo siempre la prohibición de crear nuevos manicomios.
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió el cambio de paradigma, argumentando que la reforma busca prevenir desenlaces fatales y proteger a quienes no pueden tomar decisiones por sí mismos. Por su parte, voces opositoras como la de Jorge Capitanich solicitaron cautela, subrayando la necesidad de asegurar el financiamiento y los recursos humanos necesarios para que la ley no sea solo una declaración de intenciones, sino una herramienta operativa real en todo el país.
Con el dictamen ya firmado, el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto la próxima semana para convertirlo en ley. De concretarse, el sistema de salud mental argentino enfrentará una reconfiguración profunda, apostando a una mayor agilidad en la respuesta estatal frente a las crisis y a una integración más efectiva de las adicciones dentro de la salud pública nacional.