El mercado laboral argentino atraviesa un momento crítico, reflejado en el marcado incremento de las solicitudes de la prestación por desempleo. En los primeros nueve meses de 2026, el número de trabajadores registrados que fueron desvinculados sin justa causa y recurrieron a este beneficio trepó casi un 30%, impulsado principalmente por la caída de la actividad en los sectores de la industria, el comercio y la construcción.

Este escenario de deterioro del empleo formal no es nuevo, pero se ha profundizado en el último tiempo. Al comparar las cifras actuales con el mismo período de 2025, se observa un salto de 112.056 a 145.004 altas. La tendencia es preocupante si se analiza el acumulado desde el inicio de la gestión de Javier Milei, donde ya se contabilizan más de 473.000 prestaciones otorgadas, superando ampliamente los registros de los años previos a 2024.

Los datos oficiales son contundentes: la industria lidera el ranking de despidos con 35.922 casos, seguida de cerca por el comercio y la construcción. En septiembre, más de 127.000 personas cobraron el beneficio, cuyo monto promedio fue de $325.368. Sin embargo, este haber resulta insuficiente frente a la realidad económica, ya que el ajuste del 18,7% interanual quedó muy por detrás de una inflación que trepó al 33,4%, licuando el poder adquisitivo de quienes perdieron su fuente de ingresos.

El panorama a futuro genera incertidumbre entre los especialistas, quienes advierten que el estancamiento económico sigue golpeando la estructura productiva. Mientras el Gobierno apuesta a la llegada de inversiones bajo el RIGI para dinamizar la economía, economistas como Jorge Colina señalan que el empleo formal continúa contrayéndose, dando paso a un crecimiento del cuentapropismo informal que carece de las protecciones básicas del sistema de seguridad social.

Para acceder a esta asistencia, los trabajadores deben cumplir con requisitos de aportes previos y el beneficio se liquida de forma descendente durante un año, permitiendo mantener la cobertura de obra social y el cómputo jubilatorio. No obstante, con un tope atado al Salario Mínimo Vital y Móvil, la prestación se ha convertido en un salvavidas que, aunque necesario, resulta cada vez más precario ante el avance del costo de vida.

Fuente: NA