La tranquilidad de Cruz del Eje se vio sacudida por el hallazgo del cuerpo de Camila Abigail Iglesias, de 24 años, quien fue encontrada sin vida dentro de una heladera en la vivienda de su pareja, Pablo Ezequiel Gómez. Tras el macabro descubrimiento, la Policía de Córdoba desplegó un amplio operativo de rastrillaje que se concentra en zonas rurales de difícil acceso, aunque no se descarta que el acusado, de 37 años, permanezca oculto en el casco urbano o haya intentado cruzar hacia la provincia de La Rioja.

El perfil del sospechoso ha encendido las alarmas sobre su historial de violencia. Según información judicial, Gómez acumulaba cuatro denuncias previas realizadas por una ex pareja: dos por violencia familiar (2013 y 2019) y dos causas penales por lesiones agravadas por violencia de género (2018 y 2025). Pese a estos antecedentes, que incluso incluyeron periodos de detención y procesos de juicio abreviado, la víctima no había registrado denuncias formales contra él, aunque su entorno cercano ya advertía sobre conductas posesivas y de aislamiento.

La desaparición de Camila fue denunciada por su familia tras perder contacto con ella el pasado 2 de octubre. La sospecha recayó inmediatamente sobre Gómez cuando este le envió un mensaje a la hermana de la joven asegurando que habían discutido y que ella se había marchado. La fiscal Sabrina Ardiles ordenó el allanamiento de la propiedad, donde los efectivos hallaron los restos de la víctima ocultos bajo cal hidratada, confirmando el peor desenlace para una madre de dos niños que vivía bajo el control constante del ahora prófugo.

Aunque en un principio circuló la versión de que el agresor habría dejado una carta con intenciones de quitarse la vida, los investigadores mantienen la hipótesis de que sigue vivo y en fuga. La hermana de la víctima, Romina, brindó un crudo testimonio sobre el calvario que vivía Camila, describiendo a un hombre que ejercía un control absoluto sobre su vida, prohibiéndole incluso el contacto con sus propios hijos. La justicia trabaja ahora con el foco puesto en la captura del sospechoso, mientras la comunidad exige justicia por este brutal femicidio.

La búsqueda continúa siendo la prioridad absoluta para las fuerzas de seguridad, que han extendido el alerta a provincias limítrofes. Mientras tanto, el caso ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de un abordaje más efectivo ante los antecedentes de violencia de género, en un contexto donde el agresor, pese a sus denuncias previas, logró eludir nuevamente el control del sistema judicial.