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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles, con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, el proyecto que refuerza la inviolabilidad de la propiedad privada y restituye la vigencia plena de la Ley de Tierras de 2011. Esta normativa, que limita la compra de campos por parte de extranjeros, fue ratificada tras un intenso debate parlamentario que contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados, mientras que Unión por la Patria y la izquierda se opusieron frontalmente.
El camino hacia esta sanción no fue sencillo. El proyecto original sufrió un importante recorte en el Senado, donde la oposición logró eliminar capítulos clave, como el vinculado a la Ley de Manejo del Fuego y la intención inicial de derogar la Ley de Tierras. Ante la presión opositora y la amenaza latente de rechazar el DNU 70/23 en su totalidad, el Gobierno optó por una estrategia de negociación que permitió salvar este capítulo, consolidando los límites actuales a la extranjerización de recursos naturales.
En cuanto a la representación mendocina, ocho de los diez diputados provinciales apoyaron la iniciativa en general: Álvaro Martínez, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Luis Petri, Julieta Metral Asensio, Lourdes Arrieta, Pamela Verasay y Lisandro Nieri. Por el contrario, Emir Félix y Martín Aveiro votaron en contra. Un dato no menor es que, a pesar de las diferencias partidarias, hubo consenso unánime entre los legisladores de Mendoza para respaldar específicamente la restitución de la Ley de Tierras.
Desde una perspectiva técnica, la normativa reafirma el tope del 30% para la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, además de mantener el límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera. Asimismo, el texto aprobado incluye modificaciones sustanciales en la Ley de Expropiaciones, restringiendo la facultad del Estado para declarar utilidad pública, y una reforma en la ley de Desalojos, que busca agilizar los tiempos judiciales ante usurpaciones o tenencias irregulares.
Con esta aprobación, el oficialismo logra un triunfo legislativo estratégico que busca dar certidumbre jurídica al mercado inmobiliario y rural. Si bien el proyecto llega con una versión más acotada tras su paso por la Cámara alta, el Gobierno asegura así herramientas clave para el control de los activos nacionales, cerrando un capítulo de alta tensión política en el Congreso.