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Con un respaldo político abrumador de 237 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece un régimen permanente para personas con discapacidad, dejando atrás la incertidumbre de las prórrogas temporales. La iniciativa, que ahora deberá ser ratificada por el Senado, logró destrabarse luego de que el oficialismo aceptara eliminar las cláusulas de ajuste presupuestario que habían generado un fuerte rechazo en el sector.
El debate se aceleró ante la proximidad del vencimiento de la actual Emergencia en Discapacidad, prevista para fin de año. La presión de las organizaciones del colectivo, sumada a la articulación de un arco opositor que incluyó desde el PRO y la UCR hasta Unión por la Patria, obligó a La Libertad Avanza a ceder. De esta manera, se evitó un conflicto mayor y se logró blindar un esquema que protege los derechos adquiridos frente a los intentos previos de aplicar criterios restrictivos de "invalidez laboral".
El nuevo marco normativo introduce cambios fundamentales para la seguridad social: las pensiones se mantendrán en el 70% de la jubilación mínima con ajuste por IPC, se permite la compatibilidad con el empleo formal hasta un tope de dos salarios mínimos y se asegura la cobertura de salud mediante el programa Incluir Salud. Asimismo, la ley impone al Ejecutivo la obligación de saldar las deudas con los prestadores en un plazo máximo de 90 días y establece un proceso de auditoría transparente que garantiza el derecho a defensa antes de cualquier suspensión de beneficios.
La contundencia del resultado en la Cámara baja, que superó los dos tercios de los presentes, envía una señal clara al Poder Ejecutivo. Al tratarse de un consenso transversal tan sólido, las expectativas están puestas en un trámite rápido en el Senado, lo que reduciría al mínimo las chances de un veto presidencial y consolidaría una política de Estado que prioriza la inclusión por sobre el recorte presupuestario.
Con este paso, el Congreso se encamina a saldar una deuda histórica, transformando un sistema que dependía de decretos de emergencia en una ley sólida y permanente, brindando tranquilidad a miles de familias argentinas que dependen de estas prestaciones para su calidad de vida.