El diputado nacional José Luis Espert atraviesa un momento complejo en la Justicia federal, luego de que el juez Lino Mirabelli dictara su procesamiento por presunto lavado de activos. La medida incluye una prohibición para salir del país y un embargo sobre sus bienes que asciende a los 1.000 millones de pesos, en el marco de una causa que investiga el origen de fondos recibidos en el exterior.

El expediente tiene su origen en una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta bancaria del banco Morgan Stanley, radicada en Estados Unidos. Según la investigación, el dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a Federico "Fred" Machado, un empresario que fue extraditado a los Estados Unidos tras ser investigado por delitos financieros y narcotráfico.

Además del legislador, la resolución judicial alcanza a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, procesado como partícipe necesario con un embargo de 700 millones de pesos, y a la firma familiar Varianza SA, que recibió un embargo de 500 millones. La fiscalía pone en duda la veracidad de un contrato de asesoramiento profesional que Espert presentó para justificar el ingreso de los dólares, argumentando que no habría existido una contraprestación real por parte del diputado.

Por su parte, la defensa de Espert ha negado sistemáticamente las acusaciones, sosteniendo que los fondos corresponden a trabajos de consultoría legítimos, y ha intentado en reiteradas ocasiones anular la causa mediante diversos planteos. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazó recientemente los pedidos de nulidad, avalando el avance de la pesquisa y desestimando los cuestionamientos sobre el accionar del fiscal Fernando Domínguez.

El procesamiento no implica una condena firme, por lo que la resolución será apelada ante la Cámara Federal de San Martín. Mientras el proceso judicial sigue su curso, el dirigente deberá cumplir con la restricción de salida del territorio nacional y mantener el embargo trabado sobre su patrimonio, mientras la Justicia continúa analizando si el dinero fue volcado al circuito financiero local para darle apariencia de legalidad.