El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este martes en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) con un mensaje claro para el sector productivo: el Gobierno no recurrirá a una devaluación para ganar competitividad. Ante los empresarios, el funcionario calificó esa receta como una medida que solo busca "empobrecer a los asalariados" y reafirmó que el camino para reducir el "costo argentino" será la desregulación, la baja impositiva y la mejora en infraestructura.

Durante su disertación, el titular del Palacio de Hacienda hizo un balance de la herencia recibida, señalando que el país arrastraba más de 14 años de estancamiento. Caputo recordó que, entre mediados de 2022 y fines de 2023, la actividad industrial se desplomó un 11% mientras el Banco Central acumulaba pasivos remunerados. En ese contexto, aprovechó para lanzar un dardo a gestiones anteriores, incluyendo a sectores liberales, al cuestionar la falta de respeto por la propiedad privada que, a su juicio, ha sido el principal freno para la confianza de los inversores.

Para respaldar el rumbo actual, el ministro aportó datos sobre la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados, que según sus cifras creció un 14% en términos reales bajo la gestión de Javier Milei, en contraste con la caída del 37% registrada en el período anterior. Además, subrayó que el problema del crédito en el país no es la falta de liquidez, sino la incertidumbre política y macroeconómica, instando a los bancos a volcar sus recursos al sector privado en lugar de financiar al Tesoro.

De cara al futuro, el plan oficial se apoya en tres ejes: estabilidad macro, reducción estructural de costos y la expansión del RIGI. Caputo fue enfático al señalar que el objetivo del Gobierno es que los beneficios de este régimen de incentivos se extiendan progresivamente a toda la economía. "La idea no es que sea un régimen especial para siempre, sino que toda la economía converja al RIGI", aseguró, marcando el horizonte de previsibilidad que busca el Ejecutivo para atraer inversiones.

El cierre de su intervención dejó una puerta abierta al alivio fiscal para las pymes, con el anuncio de la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027. Con estas definiciones, el ministro intentó calmar las aguas en un sector industrial que reclama medidas urgentes, priorizando la estabilidad cambiaria por sobre cualquier ajuste brusco del tipo de cambio que, según su visión, terminaría perjudicando el bolsillo de los trabajadores.