El Senado de la Nación logró un respaldo mayoritario en comisión para el proyecto de ley que busca transformar el sistema de atención a personas con discapacidad, dejando atrás el esquema de emergencia que vence a fin de año. Con el apoyo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, el oficialismo se encamina a sancionar la norma en la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.

Este avance legislativo responde a la necesidad de brindar previsibilidad ante el vencimiento de la ley de emergencia vigente, la cual fue sancionada el año pasado y posteriormente vetada por el Ejecutivo. El objetivo central de esta nueva propuesta es consolidar los beneficios actuales como una política de Estado permanente, evitando que la cobertura de salud y las pensiones queden supeditadas a la transitoriedad o a los cambios de gestión gubernamental.

La iniciativa, denominada "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. Además, garantiza la actualización automática de aranceles por IPC, asegura que el presupuesto del Ministerio de Salud no sufra recortes reales y establece un sistema de auditorías cruzadas entre organismos como ANSES y ARCA para optimizar los recursos.

Desde el oficialismo, destacaron que la integración laboral es la herramienta fundamental para la autonomía de las personas, mientras que desde la oposición, si bien acompañarán el dictamen para evitar un vacío legal, surgieron voces críticas como la de la senadora Alejandra Vigo, quien cuestionó la falta de consulta previa con las organizaciones del sector y las autoridades de aplicación. Por su parte, el Ejecutivo se comprometió a reglamentar la ley en un plazo de 30 días tras su sanción.

Con este dictamen, el Congreso busca cerrar un capítulo de incertidumbre para miles de familias y prestadores. La expectativa está puesta ahora en el recinto, donde se espera que el amplio consenso alcanzado en las comisiones de Presupuesto y Población se traduzca en una aprobación definitiva que garantice la continuidad de los servicios esenciales para el colectivo de personas con discapacidad.