En un hecho histórico para la diplomacia nacional, la delegación argentina expuso este martes en Hamburgo sus argumentos jurídicos para frenar el controvertido proyecto petrolero "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Gobierno exigió medidas cautelares urgentes para evitar la depredación de recursos no renovables en aguas en disputa, marcando la primera vez que el país lleva al Reino Unido a este estrado por la cuestión de soberanía.

La estrategia de la comitiva oficial -liderada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y secundada por figuras clave como el embajador Mario Oyarzábal y el especialista Marcelo Kohen- se apoya firmemente en la CONVEMAR y en las resoluciones de la ONU. Durante las audiencias, que se extenderán hasta el 11 de noviembre, los representantes aclararon que el objetivo central no es dirimir la soberanía del archipiélago en esta instancia, sino frenar el avance unilateral británico sobre la plataforma continental argentina y prevenir un daño ambiental irreversible.

El planteo formal incluye cuatro pedidos taxativos: suspender la explotación hidrocarburífera, bloquear nuevos permisos en la zona, resguardar los datos de exploración y garantizar la protección del ecosistema marino. En la vereda de enfrente, la delegación británica, comandada por la fiscal general Ellie Reeves, retrucó la jugada al cuestionar la jurisdicción del tribunal y defender su derecho a operar en las islas, cuyo inicio de perforaciones está agendado para enero de 2027.

Tras el cierre de las exposiciones, el Ejecutivo nacional analiza tres escenarios posibles: que el tribunal haga lugar a todo el reclamo ordenando frenar las tareas (medida que Londres se comprometió a acatar), que emita un fallo intermedio aceptando parcialmente los pedidos, o que rechace la solicitud por cuestiones de jurisdicción o urgencia. Más allá del resultado inmediato en Alemania, el proceso arbitral principal continuará su curso en paralelo con la estrategia diplomática.

Con un horizonte comercial fijado por las petroleras para arrancar la producción en 2028, el conflicto entra en una etapa de máxima tensión geopolítica. Mientras se aguarda el veredicto del organismo internacional en las próximas semanas, la administración central redobla su apuesta jurídica para blindar la riqueza natural del Mar Argentino frente al unilateralismo británico.

Fuente: Diario Popular