Un megaoperativo judicial sacudió este lunes el entorno del empresario Lázaro Báez, tras una serie de más de 20 allanamientos ordenados por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. Las medidas, que incluyeron la requisa de su celda en el penal de Ezeiza, apuntan a desarticular una red que, según la investigación, operaba desde la cárcel para gestionar bienes embargados y vincularse con una banda dedicada al tráfico de estupefacientes.

El empresario, quien ya cuenta con condenas previas por corrupción, vuelve a estar en el centro de la escena judicial. La sospecha principal de los investigadores es que Báez, a pesar de estar tras las rejas, continuaba administrando activos ilícitos a través de hombres de su extrema confianza. Este nuevo expediente se entrelaza con una causa por narcotráfico, donde se investiga el uso de camiones de carga para el transporte de cocaína, una logística que habría comenzado a detectarse a finales de 2025.

La causa, impulsada por el fiscal federal Julio Zárate y la Procelac, cuenta con pruebas clave como escuchas telefónicas y documentación hallada en estancias, inmobiliarias y escribanías de Santa Cruz y Buenos Aires. Entre los puntos de interés se encuentran las estancias Alquinta y La Entrerriana, además de propiedades en El Calafate, donde Báez supo cumplir prisión domiciliaria. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron vehículos, estupefacientes y se dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los implicados.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que existe una conexión directa entre la estructura que lavaba activos y la banda narco, liderada por un estrecho colaborador del empresario con antecedentes en el tráfico de drogas en la Patagonia. La justicia busca determinar ahora el alcance total de esta red y cómo el entramado de testaferros y logística criminal logró operar bajo la supervisión directa de Báez desde su lugar de detención.

Los operativos, que contaron con la participación de Gendarmería, Prefectura y la Policía de Santa Cruz, marcan un nuevo capítulo en el historial judicial del empresario. Mientras se analizan los elementos secuestrados, la justicia avanza con medidas cautelares patrimoniales para intentar frenar la circulación de activos que, según se presume, fueron sustraídos de las ejecuciones judiciales que pesan sobre el ex contratista de obra pública.