La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este viernes en los tribunales federales que la expresidente Cristina Kirchner sea condenada por liderar una asociación ilícita y blanqueo de activos en el marco del juicio por la causa Los Sauces, un proceso que también salpica de lleno a su hijo Máximo Kirchner y a reconocidos empresarios de la obra pública y los medios.

Este expediente judicial se desprende de una serie de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos durante los gobiernos kirchneristas, donde la lupa se posó especialmente en la operatoria de la inmobiliaria familiar. La querella sostiene que la firma funcionó como un engranaje clave para el retorno de dinero negro entre 2009 y 2016.

Durante la audiencia, la querella detalló que la firma familiar se utilizó para canalizar fondos ilegítimos mediante contratos de alquiler simulados, detectando sobreprecios de entre el 100% y el 150% en empresas vinculadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de los negocios con el detenido empresario Lázaro Báez.

Mientras la defensa de los imputados insiste en la inexistencia de delitos y califica el proceso como una persecución política impulsada desde los tribunales, el organismo antilavado remarcó que existió una ingeniería societaria perfecta para justificar ingresos por más de 26 millones de pesos.

Se espera que el debate oral continúe durante las próximas semanas con la exposición de las defensas, en lo que promete ser uno de los tramos más calientes de este prolongado proceso judicial con fuerte impacto en el escenario político nacional.