El viernes asumirá el nuevo Concejo Deliberante de San Rafael

25-04-2018

Este viernes, 27 de abril, los seis nuevos concejales que San Rafael eligió en las elecciones del 22 de octubre del año pasado asumirán sus bancas por un período de 4 años.

Entre los seis concejales del nuevo órgano, habrá cuatro caras inéditas y dos antiguas. Entre los que ingresarán al Concejo Deliberante por primera vez se cuentan a Francisco Mondotte y Cynthia Maggioni por UCR-CM, y Paulo Campi y Pamela Torres por PJ-Somos Mendoza.

Por otro lado, dos antiguos miembros del Concejo Deliberante renovaron sus bancas el año pasado e inaugurarán un nuevo cuatrienio: Pedro Serra (PJ) y Martín Serrano (UCR).

En tanto, cuatro actuales concejales dejarán sus cargos. Se trata de Darío Barandalla y Fabiana Esperanza del PJ, y Mauro Bignert y Gustavo Ruiz de UCR. Todos volverán al llano, excepto Ruiz, que en octubre fue electo diputado provincial, banca que asumió días atrás.

Empate incómodo

Aunque en las elecciones de octubre la lista de concejales de UCR-CM -encabezada por Francisco Mondotte- ganó con un 42.70 por ciento de los votos sobre la sábana del oficialismo departamental -liderada por Pedro Serra-, que logró un 41.33 por ciento, la ventaja no fue suficiente para otorgarle a la oposición una mayoría de las seis bancas en juego.

De estos seis escaños, tres fueron asignados a cada lado. La distribución, por tanto, mantendrá durante los próximos dos años el empate legislativo en el órgano local, dado que de las bancas renovadas, tres ya pertenecían al oficialismo y tres a la oposición. Ambas fuerzas conservaron, entonces, sus espacios.

Semanas atrás, un acuerdo renovó al oficialista Ricardo Vergara la presidencia del Concejo Deliberante, que establece el voto doble a su titular cuando una votación está igualada, otorgándole una mayoría tácita en el recinto.

No obstante, la UCR-CM acordó permitir la reelección de la presidencia del oficialismo sólo a cambio de preservar la codiciada mayoría en la comisión de Obras Públicas, que tiene la llave para autorizar —o no— el tratamiento en el recinto de todos los proyectos de infraestructura del Ejecutivo.

Este punto del convenio implica que, aunque el oficialismo tendrá una mayoría legislativa implícita, la oposición conservará un veto intrínseco sobre todos los planes de obra pública del Ejecutivo.