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La acusación fiscal estaría cerca de formalizar cargos por las muertes en el asilo de Monte Comán.
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30/6/2021
Según trascendió en las últimas horas el fiscal a cargo de la causa por las 14 muertes en el hogasr de ancianos de Monte Comán, imputaría al responsable del mismo, el ex sacerdote Fernando Yañez por "homicidio simple con dolo eventual", por no haber cumplido con los protocolos entre ellos no haberse comunicado apenas se iniciaron los brotes de COVID, con la autoridad sanitaria competente. Además, de no haber previsto un plan de contingencia en caso de contagios o enfermedades del personal.
Cabe recordar que la semana pasada trascendió esta noticia que tuvo gran impacto en la sociedad, luego de que se conociera que en el mes de junio perdieron la vida 14 adultos mayores que residían en el asilo perteneciente a la Fundación "San Luis Gonzaga" por un brote de Covid-19. Ninguno de ellos había recibido la vacuna contra el covid-19 (ni siquiera la primera dosis), ya que el sacerdote Yáñez había demorado casi cinco meses en conseguir autorizaciones de los pacientes, o de sus familiares, para poder avanzar con la inmunización.
Se investiga además, si había una postura "antivacunas" en la institución dirigida por Yañez, ya que tampoco estarían vacunados el personal del geriátrico, ni los médicos que habrían atendido a los ancianos. De hecho el propio Yañez aseguró que "los médicos" le habrían transmitido que los ancianos pudieron haber muerto por la aplicación de la vacuna de la gripe. Esta inoculación -que no es voluntaria- atrasó más el proceso de vacunación en el hogar, por el que las autoridades de Salud en el sur venían pidiendo, lo que estalló un brote el 1 de junio, que provocó el fallecimiento de más de la mitad de la población del geriátrico.
Esta situación de las vacunas se sumó a una presunta falta de atención médica, ya que los profesionales autorizados para tratar a los ancianos no pudieron asistir al hogar (dos por padecer Covid y la tercera, María Eugenia Parlavecchio, por estar embarazada y en situación de riesgo), por lo que se supo que las comunicaciones para saber el estado de los pacientes eran telefónicas.
Los ancianos fueron tratados en el geriátrico con concentradores de oxígeno, y antibióticos, entre otros medicamentos que presumiblemente habría indicado la médica, pero con la decisión de no internar a ninguno de los ancianos cuando su estado de salud se agravó.
De hecho aún no se sabe quién firmó los certificados de defunción. Pero en la fiscalía querrían saber cómo determinaron las muertes y sus causas, si la médica que estaba a cargo no habría visto los cuerpos.
Estos son los ejes de la investigación en la que avanza el titular de la Segunda Fiscalía Javier Giaroli, y en caso de prosperar la acusación que estaría preparando la fiscalía y se avanzara hacia un juicio oral, Yáñez enfrentaría la posibilidad de ir a prisión de 8 a 25 años. Incluso más.
