La inseguridad es un flagelo que afecta a la mayoría de las sociedades del mundo, salvo contadas excepciones como Singapur y algunos países nórdicos. En Mendoza no somos ajenos a esta realidad. Por eso, desde el Gobierno provincial venimos trabajando con decisión en políticas públicas que brinden respuestas concretas: inversión en tecnología, formación policial, ampliación de la red de videovigilancia, instalación de alarmas comunitarias, reformas al sistema penitenciario y articulación permanente con la Justicia.

Sin embargo, para que estas políticas funcionen en todo el territorio, es clave el compromiso real de los municipios.

Una de las herramientas más utilizadas en políticas de seguridad local es la figura del preventor. Se trata de personal capacitado para realizar tareas de vigilancia, disuasión y acompañamiento territorial, sin portar armas letales ni asumir funciones policiales. Su presencia en los barrios permite anticiparse a conflictos, colaborar con las fuerzas de seguridad y fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad. Aunque su implementación depende de la decisión política de cada intendente, su eficacia ha sido demostrada en múltiples experiencias municipales que apuestan por una estrategia integral en seguridad.

En este sentido, los casos de General Alvear, la ciudad de Mendoza y Godoy Cruz son ejemplares. Allí se asumió un rol activo, integrando preventores a la estructura territorial, capacitando equipos y articulando acciones con las fuerzas provinciales. El resultado es claro: municipios más organizados, con mayor presencia estatal y mejor capacidad de respuesta ante situaciones de inseguridad.

Lamentablemente, no todos los municipios muestran la misma vocación. San Rafael sigue sin avanzar en la creación de un cuerpo de preventores, a pesar de contar con recursos y de enfrentar una creciente preocupación vecinal por los hechos delictivos. Es más: el propio Omar Félix ha reconocido públicamente tener conocimiento cabal de actividades ilícitas en el departamento. Sin embargo, en lugar de integrarse a una estrategia conjunta con la Provincia, prefiere mantenerse al margen y desviar el debate hacia la autonomía municipal. A la hora de hablar de responsabilidades, recurre a un centralismo al mejor estilo de Mitre para culpar al Ministerio de Seguridad.

Desde el oficialismo provincial no venimos a polemizar, sino a invitar a una reflexión seria: si un municipio como San Rafael -con una fuerte presencia territorial, delegaciones en casi todos los barrios y un conocimiento social consolidado- no toma decisiones en materia de prevención ni colabora con una estrategia integral, se está desperdiciando una herramienta clave para combatir el delito que afecta directamente a sus vecinos.

La seguridad no se limita al número de policías: se construye con planificación territorial, presencia del Estado en todos sus niveles y, sobre todo, con compromiso político real. La figura del preventor representa justamente eso: la voluntad de estar, de prevenir, de acompañar al vecino.

Desde la Legislatura seguiremos impulsando políticas que mejoren la seguridad en toda la provincia. Pero también vamos a insistir para que los municipios se sumen a esta lucha. Porque la seguridad se construye entre todos, y empieza por tener la voluntad de involucrarse.