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El municipio convocó elecciones municipales separadas del calendario general para renovar concejales y someter a plebiscito la reforma de la Carta Orgánica.
Es mucha la confusión entre los ciudadanos del departamento sobre las elecciones que se aproximan. Por eso, desde nuestro medio decidimos hacer un repaso claro de lo que se viene y de las implicancias reales que tendrá este proceso electoral que, aunque se presenta como institucional, carga con un fuerte componente político y económico que no puede pasarse por alto.
San Rafael volverá a las urnas el 22 de febrero de 2026, esta vez con una elección desdoblada del calendario provincial y nacional, que se llevará a cabo el 26 de octubre del corriente año. Ese domingo, los ciudadanos no votarán intendente, sino concejales y además deberán responder sí o no a un plebiscito que habilitaría la reforma de la Carta Orgánica Municipal, bajo el argumento de avanzar hacia una mayor autonomía local.
La decisión del intendente Omar Félix de desdoblar las elecciones municipales no pasó desapercibida. El proceso implicará un alto costo económico para el municipio, ya que se trata de una convocatoria completamente independiente de las elecciones generales de 2025, cuando ya se renovarán múltiples cargos provinciales y nacionales. Montar un operativo electoral adicional, con toda su logística, representa una erogación significativa en tiempos donde los recursos escasean.
Más allá del costo, lo que está en juego es el rumbo institucional del municipio. El oficialismo promueve una reforma profunda de la Carta Orgánica, con el argumento de dotar a San Rafael de "mayor autonomía política, administrativa, económica y financiera". Según el proyecto presentado por el intendente, la iniciativa se basa en el artículo 123 de la Constitución Nacional y en fallos judiciales que respaldan el derecho de los municipios a autogobernarse.
La propuesta contempla la creación de una Convención Municipal integrada por 24 convencionales, elegidos para redactar una nueva Carta Orgánica en un plazo de 90 días. El texto deberá respetar principios democráticos, garantizar control institucional, participación ciudadana y un régimen claro de reforma futura.
Sin embargo, el proyecto también genera preocupaciones por su impacto económico. La creación de una convención constituyente con 24 convencionales -que percibirían dietas similares a las de un concejal- implicaría una nueva carga para el presupuesto municipal. A eso se suman los gastos operativos del proceso: espacio físico, recursos humanos, asesoramiento técnico y tiempos administrativos. Todo este despliegue se realiza sin que aún se conozcan con precisión qué artículos se reformarían ni cuáles son los objetivos concretos de la modificación, lo que alimenta el escepticismo sobre la necesidad real y la urgencia del proceso.
El desdoblamiento electoral también despierta sospechas por su conveniencia política. Permite al oficialismo municipal fijar su propio calendario, evitando el arrastre de las elecciones provinciales, y activar su estructura territorial con un plebiscito que puede servir como medidor de fuerza en un escenario de baja exposición.
En teoría, la autonomía municipal debería traducirse en mayor eficiencia, participación ciudadana y modernización institucional. Pero cuando estos procesos se diseñan sin consenso, sin transparencia y en medio de estrategias electorales, el riesgo es que una discusión institucional de fondo termine reducida a una jugada política maquillada como participación ciudadana.
Porque si se trata de mejorar el funcionamiento del municipio, la reforma debería nacer del debate público, no del oportunismo ni del gasto innecesario.