Un hecho grave volvió a encender las señales de alerta en San Rafael. Hace apenas unos días, un niño sufrió una descarga eléctrica en el Parque Hipólito Yrigoyen, uno de los espacios públicos más concurridos del departamento, tras entrar en contacto con un registro eléctrico ubicado en una pilastra que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. El menor debió ser asistido de urgencia y trasladado al Hospital Schestakow.

El episodio, que podría haber tenido consecuencias aún más trágicas, expuso una vez más las falencias en materia de control, mantenimiento y prevención en espacios públicos. Sin embargo, la respuesta oficial del municipio no tardó en llegar y, como ya ocurrió en otras oportunidades, apuntó hacia terceros: los denominados "vándalos", a quienes se responsabilizó por la supuesta vulneración de las instalaciones eléctricas.

La explicación oficial abre más interrogantes que certezas. Aun cuando existieran actos de vandalismo -una situación que nadie descarta- la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿no es justamente responsabilidad del Estado municipal prevenir, controlar y corregir este tipo de situaciones? La seguridad de las instalaciones públicas no puede quedar librada a la buena voluntad de quienes transitan el parque ni a excusas posteriores cuando ocurre un hecho grave.

Desde hace años, vecinos y usuarios habituales del Parque Hipólito Yrigoyen vienen advirtiendo sobre irregularidades que se repiten sin solución. Puestos de comida que funcionan de manera presuntamente clandestina o sin habilitación visible, conexiones eléctricas improvisadas, y la presencia constante de motorhomes que permanecen semanas e incluso meses en el predio, a pesar de que esta práctica estaría prohibida por la normativa vigente.

En ese contexto, cuando el municipio sostiene que las instalaciones eléctricas son manipuladas por "vándalos" para enchufar distintos artefactos, surge una duda inevitable: ¿a quiénes se refiere concretamente? ¿Se trata de hechos aislados o de una ocupación tolerada en el tiempo sin controles efectivos? De ser lo segundo, lo que quedaría en evidencia no es solo vandalismo, sino una clara falencia en la gestión y fiscalización municipal.

Lejos de despejar dudas, el discurso oficial parece dejar entrever una contradicción: se responsabiliza a terceros por una situación que, en última instancia, debería haber sido prevista y evitada. La falta de controles, la permisividad frente a actividades no reguladas y la ausencia de medidas preventivas terminan conformando un escenario de riesgo que hoy tiene como víctima a un menor.

Una vez más, ante una irregularidad grave, el municipio opta por "patear la pelota" y correrse del centro de la escena, en lugar de asumir responsabilidades, revisar procedimientos y dar explicaciones claras a la comunidad.