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El Tribunal de Cuentas de Mendoza le dio luz verde a la rendición 2024 de la Municipalidad de San Rafael, pero el dato político no fue la aprobación sino las multas: el intendente Omar Félix y una docena de funcionarios fueron sancionados por irregularidades graves en contrataciones y manejo del gasto público.
La resolución, firmada por el organismo que preside Néstor Parés, valida los estados contables, pero al mismo tiempo deja al descubierto prácticas administrativas cuestionadas, especialmente el uso reiterado de mecanismos excepcionales para pagar servicios.
Las sanciones alcanzan a 12 funcionarios y golpean de lleno al núcleo duro del Ejecutivo municipal. En la cima aparecen el propio Omar Félix, Marcelo Gómez (Hacienda) y Francisco Cofano (contador interino), todos con multas de $1.400.000.
En un segundo escalón, Paulo Campi (Gobierno) y Juan Gassman (Servicios Públicos) deberán abonar $700.000, mientras que el resto del gabinete recibió sanciones de entre $500.000 y $100.000. Todos deberán pagar en un plazo de 30 días.
El corazón del fallo apunta a una práctica que el Tribunal considera irregular: el uso sistemático del "legítimo abono", una herramienta pensada para situaciones excepcionales pero que en San Rafael -según el organismo- se convirtió en una rutina.
Entre los gastos observados aparecen alquileres de edificios municipales clave, servicios de limpieza en distritos, alquiler de vehículos para distintas áreas y servicios de atención al ciudadano.
Para el Tribunal no hay margen de interpretación: lo que debía ser excepcional terminó funcionando como regla, desvirtuando el sistema de contrataciones públicas.
Uno de los conceptos más duros del fallo es que la supuesta urgencia utilizada por el municipio para justificar estos mecanismos fue, en realidad, consecuencia de su propia falta de planificación.
En otras palabras, para el organismo los servicios eran previsibles y las licitaciones debieron iniciarse a tiempo. No se puede alegar urgencia cuando el problema es generado por la propia gestión. Incluso advierte que existían alternativas legales más transparentes, como la contratación directa, que fueron dejadas de lado.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el Tribunal remarca que estas irregularidades ya habían sido advertidas en ejercicios anteriores. Sin embargo, el esquema no solo continuó, sino que se profundizó.
Por eso habla directamente de una "falla estructural grave" en la gestión municipal, vinculada a la falta de previsión, demoras administrativas y uso sistemático de mecanismos de excepción.
Un combo que, según el organismo, impacta de lleno en principios básicos como la transparencia y la competencia.
El fallo deja una conclusión incómoda: la rendición fue aprobada, pero el modo de gestionar los recursos públicos quedó seriamente cuestionado.
Las multas no son solo una sanción económica. Funcionan como una advertencia política: el Tribunal dejó expuesto que en San Rafael el problema no está en los números, sino en cómo se administran.