La discusión por la autonomía municipal de San Rafael sumó un nuevo capítulo judicial. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza notificó formalmente a las partes sobre la existencia de un conflicto de poderes, lo que en la práctica deja en suspenso el proceso institucional que había iniciado el municipio.

La medida alcanza tanto al gobierno local como al Ejecutivo provincial, encabezado por Alfredo Cornejo, y frena los pasos siguientes tras la elección de convencionales constituyentes. Con esta decisión, queda detenida la proclamación de esos representantes y, por ende, la convocatoria a la convención que debía redactar la Carta Orgánica.

El eje de la disputa gira en torno a los alcances del artículo 230 inciso II del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Desde el entorno del intendente Omar Félix interpretan que la intervención judicial implica una "prohibición de innovar", lo que no solo congela el proceso local sino que también debería frenar cualquier intento de modificación constitucional en la provincia vinculado al tema.

Sin embargo, esa lectura es rechazada por el Gobierno provincial. En Casa de Gobierno sostienen que una acción judicial en trámite no puede limitar las facultades de la Legislatura para avanzar en una eventual reforma de la Constitución de Mendoza, lo que abre una zona gris sobre el verdadero alcance de la resolución judicial.

Fuentes del máximo tribunal aclararon que no se dictó una medida de no innovar en sentido estricto, sino que se notificó la existencia del conflicto de poderes, lo que implica -en términos prácticos- la paralización del proceso hasta que haya un fallo de fondo. En otras palabras, el expediente entra en una instancia de espera donde ninguna de las partes puede avanzar.

Este escenario impacta de lleno en el cronograma que había puesto en marcha el municipio tras los comicios en los que se eligieron convencionales. Esos representantes, por ahora, no podrán asumir ni comenzar a redactar la Carta Orgánica.

El trasfondo del conflicto es político e institucional. Mientras el Ejecutivo provincial cuestiona que San Rafael haya avanzado sin un marco legal previo definido a nivel provincial, desde el municipio defienden el proceso como la expresión de un mandato popular.

En paralelo, el Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de reforma constitucional que reconoce la autonomía municipal, pero introduce condiciones: mayorías especiales para sancionar cartas orgánicas, límites en materia tributaria y un control final del Poder Legislativo sobre esos textos.

La tensión entre ambas posiciones no es menor y escala en el plano institucional. La resolución final de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza será determinante para establecer si el municipio puede avanzar por sí mismo hacia la autonomía o si, como sostiene la Provincia, ese camino debe estar previamente regulado por una reforma constitucional.