El Ministerio Público Fiscal de Mendoza, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, informó avances en una investigación por ciberdelito que posee alcance nacional y que permitió desarticular una presunta organización dedicada al uso ilegal de datos bancarios.

La pesquisa es encabezada por la fiscal Gabriela García Cobos, quien lleva adelante una investigación iniciada hace más de un año tras detectarse operaciones virtuales realizadas con datos de tarjetas de débito y crédito pertenecientes a víctimas de distintos puntos del país.

En el marco de la causa fueron imputados Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques por el delito de asociación ilícita, en calidad de organizadores, en concurso real con múltiples hechos de defraudación mediante el uso fraudulento de datos de tarjetas de crédito y débito.

Según detallaron desde el organismo judicial, se les atribuyen un total de 832 hechos delictivos cometidos como coautores, vinculados al uso ilegal de información financiera obtenida mediante maniobras de phishing y transacciones de bajo monto destinadas a evitar los sistemas antifraude.

El martes 28 de abril se realizaron allanamientos en el departamento de San Rafael que arrojaron resultados positivos, permitiendo la aprehensión de los sospechosos. Durante los procedimientos, y con autorización judicial, se efectuó la apertura compulsiva de teléfonos celulares para la búsqueda exclusiva de criptoactivos.

Como resultado, se detectaron activos digitales que fueron incautados y transferidos a la wallet institucional del Ministerio Público Fiscal, en una medida considerada innovadora, ya que no existen antecedentes similares en la provincia respecto al resguardo judicial de criptomonedas.

Hasta el momento, la investigación permitió establecer el uso indebido de datos de al menos 800 titulares de tarjetas bancarias, con un perjuicio económico estimado en 78 mil dólares.

Desde la Unidad Fiscal señalaron que el trabajo fue posible gracias a la labor coordinada del equipo especializado y remarcaron que la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas medidas judiciales en el avance de la investigación.