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La Suprema Corte de Justicia confirmó las condenas contra los ex inquilinos de la desaparecida enfermera Silvia Chávez, dejando firmes las penas dictadas tras el juicio por jurados realizado en marzo de 2025 por su desaparición y homicidio en San Rafael.
La sentencia original había sido dictada por el juez técnico Julio Bittar, luego de que un jurado popular declarara culpables a Mauricio Albornoz y Carina Domínguez, quienes alquilaban un departamento en la propiedad de la víctima.
Albornoz recibió una pena unificada de 20 años de prisión por homicidio simple, hurto agravado y robos agravados. Durante el juicio se acreditó que asesinó a Chávez, quemó su cuerpo y utilizó una llave de la vivienda para sustraer distintos elementos. A la condena también se incorporaron antecedentes penales por robos cometidos en 2012 y 2013.
En tanto, Domínguez fue condenada a 12 años de prisión como coautora del homicidio y del hurto de la llave. La defensa había solicitado una pena menor y prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pedido que fue rechazado por la Justicia.
Los fiscales Pablo Peñasco y Paula Arana habían requerido penas más severas de 34 y 24 años respectivamente, sin embargo, el tribunal fijó condenas menores a las solicitadas por la acusación.
Un caso marcado por demoras y dificultades en la investigación
La causa tuvo una particularidad que generó fuerte impacto: la investigación judicial comenzó 104 días después de la desaparición de la enfermera jubilada.
El 1 de noviembre de 2022, una excuñada de Chávez se presentó en una comisaría para consultar por avances en la búsqueda y allí se descubrió que nunca se había radicado formalmente una denuncia por su desaparición. A partir de ese momento se activó la investigación penal.
Los registros telefónicos permitieron establecer que el celular de Chávez se apagó el 21 de julio de 2022 a las 17 horas, mientras que su última comunicación había sido el día anterior con la abogada que tramitaba el desalojo del departamento ocupado por Albornoz y Domínguez.
La letrada había alcanzado un acuerdo con la pareja: debían abandonar el inmueble y entregar la llave a cambio de la devolución del alquiler. Sin embargo, Albornoz nunca cumplió con lo pactado. Posteriormente, durante un allanamiento, la Policía encontró en su vivienda ventanas pertenecientes a la enfermera, lo que sumó cargos por hurto.
La investigación también se vio complejizada porque una hermana de la víctima tomó posesión de la casa días después de la desaparición y realizó tareas de limpieza sin imaginar que se trataba de una escena criminal. Pericias posteriores con luminol realizadas por Policía Científica confirmaron la existencia de manchas de sangre que habían sido removidas.
Aunque inicialmente quedó bajo sospecha, la mujer logró desvincularse tras presentar numerosos videos grabados en el interior de la vivienda que ayudaron a reconstruir el estado del lugar en esos días.
El crimen de Silvia Chávez conmocionó a San Rafael por sus características y por el tiempo que transcurrió hasta el inicio de la investigación. Con la decisión de la Corte, las condenas quedaron ahora firmes, cerrando una de las causas judiciales más impactantes de los últimos años en el departamento.
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