El Departamento General de Irrigación (DGI) oficializó este miércoles una severa resolución que expone incumplimientos técnicos en la construcción del gasoducto del Proyecto Gas Andes, comprometiendo directamente a la Municipalidad de San Rafael, a la distribuidora Ecogas y a la UTE de empresas contratistas encargadas de los trabajos.

El conflicto surgió tras la solicitud de habilitación final, momento en el que las firmas admitieron haber omitido la colocación de caños camisa, elementos de seguridad obligatorios para proteger la red de gas en los cruces con los canales de riego. Aunque las empresas argumentaron que la medida buscaba evitar riesgos de corrosión, los técnicos de Irrigación rechazaron el planteo al confirmar que la normativa vigente avala y exige estas estructuras para preservar el sistema hídrico.

Ante la irregularidad, el Superintendente General de Irrigación determinó que los responsables deberán asumir la totalidad de las responsabilidades civiles, penales y ambientales ante cualquier siniestro. Asimismo, el organismo exigió al municipio sanrafaelino la sanción de una ordenanza que deslinde a Irrigación y a las Inspecciones de Cauce de cualquier demanda por eventuales roturas durante las tareas de mantenimiento de los canales.

Finalmente, la resolución establece que cualquier obra de modernización hídrica futura será considerada una condición preexistente, obligando a los administradores del gasoducto a costear por cuenta propia las reformas necesarias para garantizar la integridad de sus tuberías.