La causa por el femicidio de Rocío Collado sumó un elemento central con la incorporación de la pericia psiquiátrica realizada a Yamil Yunes, único imputado por el crimen. El estudio concluyó que es imputable y que se encuentra en condiciones de afrontar un eventual juicio. Sin embargo, la familia del acusado sostiene una estrategia diferente y pretende que el proceso avance hasta un juicio por jurados para intentar demostrar que necesita ser declarado inimputable y derivado a una institución especializada para recibir tratamiento psiquiátrico.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la pericia oficial determinó que Yunes no presenta una patología psíquica aguda que le impida comprender sus actos. Por ese motivo, desde el punto de vista de los especialistas que realizaron el estudio, comprende lo ocurrido y puede responder penalmente por sus acciones.

La defensa y el entorno familiar, sin embargo, apuntan a llevar la discusión al ámbito del juicio por jurados. El objetivo sería presentar ante los integrantes del jurado distintos elementos que, según su interpretación, permitirían sostener que el acusado atraviesa un cuadro de salud mental que requiere tratamiento y que, por lo tanto, debería ser internado en una institución psiquiátrica en lugar de cumplir una eventual condena en un establecimiento penitenciario.

Entre las pruebas que buscarían utilizar para respaldar esa postura aparecen registros de un episodio ocurrido con anterioridad al femicidio y conversaciones de WhatsApp. La intención de la defensa sería contextualizar determinados comportamientos y aportar elementos que permitan al jurado evaluar el estado psicológico y psiquiátrico de Yunes.

La estrategia toma especial relevancia porque la pericia oficial ya estableció que el acusado es imputable. Por lo tanto, la eventual discusión en el juicio no pasaría únicamente por su responsabilidad en el hecho investigado, sino también por la interpretación que pueda realizarse sobre su estado mental y las consecuencias que ello podría tener respecto de la respuesta judicial.

Yunes permanece detenido con prisión preventiva y está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en el marco de la investigación por la muerte de Collado.

La pesquisa sostiene que la docente, de 30 años, murió como consecuencia de una asfixia. Entre las principales pruebas incorporadas al expediente se encuentran peritajes tecnológicos, estudios psicológicos y biológicos y elementos vinculados con la vivienda de calle Independencia y una camioneta Fiat Fiorino localizada en calle Izuel.

También forma parte de la investigación el registro audiovisual encontrado en el vehículo, cuya existencia fue mencionada entre los elementos analizados por los investigadores. La causa sostiene además que, luego del crimen, se habría realizado una denuncia de paradero que posteriormente quedó descartada tras el hallazgo del cuerpo de la víctima.

Con la incorporación de la pericia psiquiátrica, la investigación avanza hacia una eventual elevación a juicio. En ese escenario, la defensa buscará que el debate permita introducir su hipótesis sobre el estado de salud mental de Yunes y convencer al jurado de que requiere tratamiento psiquiátrico, mientras que la evaluación oficial conocida hasta ahora sostiene que es imputable y está en condiciones de afrontar el proceso judicial.