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Bibiana Toledo, quien fuera designada como regente de la escuela Reynaldo Merín, fue suspendida preventivamente por 30 días corridos de la totalidad de sus cargos, horas cátedra y funciones.
La medida fue dispuesta por la DGE mediante la Resolución N.º 6115, firmada el viernes 28 de agosto por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar.
La decisión tiene carácter excepcional y preventivo y, durante el período de suspensión, la docente no percibirá los haberes correspondientes a las funciones alcanzadas por la resolución.
La denuncia de un estudiante
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la medida se originó a partir de una denuncia administrativa formulada por un alumno de 17 años, la cual fue posteriormente ratificada por sus progenitores.
Según surge de las actuaciones, la situación impone a la administración educativa un deber reforzado de actuación preventiva y de preservación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la trayectoria escolar del estudiante.
Según habría expresado el menor en el marco de la denuncia, Toledo habría incurrido en situaciones que el estudiante consideró constitutivas de abuso de autoridad, persecución y una utilización arbitraria de su posición dentro del establecimiento.
Será ahora el avance de las actuaciones administrativas el que deberá determinar los hechos y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
La medida es preventiva y no implica, por sí misma, una resolución definitiva sobre el fondo de las denuncias, aunque marca la gravedad con la que el Gobierno escolar decidió abordar la situación.
Antecedentes que volvieron a quedar bajo la lupa
No es la primera vez que el nombre de Toledo aparece vinculado a denuncias y actuaciones judiciales.
En 2017, según publicó en su momento MendozaPost, la Justicia Federal dispuso una suspensión del juicio a prueba, conocida habitualmente como probation, en una causa vinculada al incumplimiento de una medida judicial.
De acuerdo con lo informado entonces, la docente debía cumplir con determinadas actividades comunitarias como parte de las condiciones establecidas en el marco de la suspensión del proceso.
El antecedente se originó luego de que Toledo debiera acatar una orden emitida por el juez Eduardo Puigdéngolas, en respuesta a acciones de amparo presentadas por personas que manifestaron haberse visto afectadas por publicaciones realizadas por la docente en su cuenta de Facebook.
La medida judicial disponía el cese de las expresiones consideradas injuriantes. Según consta en las actuaciones difundidas en aquel momento, el incumplimiento de esa orden derivó en nuevas consecuencias judiciales.
La resolución fue posteriormente abordada por el juez federal subrogante Marcelo Garnica, ante la participación del magistrado Puigdéngolas en el proceso.
Una denuncia anterior por bullying
Toledo también había sido noticia anteriormente a nivel provincial a raíz de una denuncia de bullying contra un alumno en una escuela de Las Paredes.
El caso motivó una acción legal por parte del padre del estudiante y también derivó en actuaciones internas dentro de la Dirección General de Escuelas.
Estos antecedentes vuelven ahora a quedar bajo la lupa tras la decisión adoptada por la DGE de apartar preventivamente a la docente de sus funciones.
Sin embargo, la situación actual deberá continuar su curso en el ámbito administrativo correspondiente, donde se analizarán las denuncias y los elementos incorporados al expediente.