El Gobierno de Mendoza oficializó la cesantía de tres empleados de planta permanente que cumplían funciones en la delegación de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) en San Rafael, ubicada en Paseo Pellegrini 120. La medida se tomó tras confirmarse que los agentes utilizaron certificados médicos apócrifos para justificar ausencias laborales.

La investigación se originó a partir de una auditoría interna realizada en 2024, que detectó irregularidades en documentos presentados en febrero de ese año. Tras la intervención del Ministerio de Salud, se constató que las firmas de los profesionales médicos no coincidían con las de los legajos oficiales. Ante esta evidencia, la Junta de Disciplina determinó que la maniobra tenía como fin evitar el descuento de haberes.

Los sumarios administrativos, que involucraron a Gisela Evelyn Lucero, Fernando Gabriel Savarino y Ana Virginia Vermes, concluyeron tras un proceso iniciado en noviembre de 2024 y finalizado en 2025, con indagatorias realizadas en febrero de 2026. Pese a que los implicados intentaron alegar nulidades y solicitaron pericias caligráficas, sus defensas fueron desestimadas al no poder acreditar la autenticidad de los certificados ni presentar historias clínicas que respaldaran sus dolencias.

Si bien la expulsión de la administración pública es firme, los ex empleados aún cuentan con la posibilidad de interponer un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo provincial para intentar revertir la sanción.

Con esta resolución, el organismo reafirma su política de control sobre el ausentismo y la transparencia en la gestión de sus recursos humanos en la zona Sur mendocina.