La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza puso en marcha una nueva herramienta destinada a acompañar a las personas que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros. Se trata de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), creada mediante la Resolución 384, que busca facilitar acuerdos entre los consumidores y sus acreedores antes de que los conflictos lleguen a la Justicia.

En diálogo con este medio, Mónica Nofal, directora de Defensa del Consumidor, explicó que el organismo venía trabajando desde principios de año en el análisis de la problemática del endeudamiento, tanto en Mendoza como en el ámbito nacional, junto con el Consejo Federal de Consumo y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

"Si hay un crédito que ha tomado el consumidor y lo que nosotros podemos hacer es acompañarlo, junto con los acreedores, para que realmente lleguen a una buena resolución y pueda abonar ese crédito", señaló Nofal al explicar el objetivo de esta nueva oficina.

La funcionaria indicó que el sobreendeudamiento puede originarse en distintas modalidades de financiación, como tarjetas de crédito, préstamos personales, billeteras virtuales y créditos otorgados por entidades financieras no bancarias. Por eso, uno de los aspectos centrales del procedimiento será revisar las condiciones en las que se adquirieron esas obligaciones y buscar alternativas que permitan cumplir con los pagos.

Según explicó, antes de avanzar con la resolución se mantuvieron reuniones con bancos, plataformas virtuales y representantes del Poder Judicial, particularmente con el área vinculada a los procesos de concursos y quiebras. La preocupación está relacionada con la cantidad de consumidores que llegan a instancias judiciales por no poder afrontar sus deudas y con las consecuencias que esto puede generar en su vida económica.

"Para el consumidor es muy grave, porque queda inhabilitado económica y financieramente. Después, si su situación mejora, puede tener dificultades para acceder a una vivienda, comprar un auto o solicitar algún crédito", advirtió Nofal al referirse a las consecuencias que pueden derivarse de una situación de insolvencia.

La nueva oficina tendrá carácter administrativo, prejudicial, gratuito y voluntario. Su finalidad será generar un espacio de diálogo entre las personas endeudadas y quienes otorgaron los créditos, con la intención de alcanzar acuerdos que permitan sanear o reestructurar las obligaciones. Entre las alternativas posibles se encuentran la refinanciación, la ampliación de los plazos de pago, los períodos de espera y las quitas que puedan acordarse entre las partes.
Nofal remarcó que el procedimiento requiere el compromiso del consumidor y la presentación de información completa sobre su situación financiera. "El consumidor debe reunir la información de cuántos créditos tiene, la documentación que acredite el inicio de cada uno y ser honesto al informar todos los acreedores que tiene", explicó.

En ese sentido, detalló que quienes tengan deudas con tarjetas de crédito deberán presentar los resúmenes correspondientes; quienes hayan solicitado préstamos personales deberán aportar los contratos respectivos y, en el caso de las billeteras virtuales, podrán acompañar capturas de pantalla u otra documentación que permita acreditar las operaciones.

La funcionaria también destacó la importancia de incluir todas las obligaciones en el procedimiento. Si algún acreedor queda afuera del acuerdo, podría iniciar acciones por su cuenta, por lo que conocer la totalidad de las deudas resulta fundamental para encontrar una solución integral.

De acuerdo con la normativa provincial, podrán solicitar la intervención las personas con domicilio real en Mendoza que sean consumidores finales y atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. Como referencia, se establece que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente. En situaciones de especial vulnerabilidad social, el porcentaje se reduce al 25%.

Durante la instancia de conciliación, la normativa contempla la suspensión temporal de los intereses punitorios y cargos por mora, además de la interrupción de medidas extrajudiciales compulsivas de cobro y la protección frente al agravamiento de la calificación crediticia mientras se desarrolla el procedimiento.

Nofal sostuvo que la iniciativa también busca comprender las causas que llevaron a las familias a endeudarse. En ese marco, Defensa del Consumidor comenzó a trabajar con encuestas para conocer de manera más precisa la dimensión del problema y las modalidades de financiación utilizadas por los mendocinos.

Otro de los ejes será la educación financiera. La funcionaria consideró que los cambios económicos requieren revisar hábitos de consumo y planificación de los gastos. "El mundo cambió, cambió la Argentina y tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas de otra manera", planteó al explicar la importancia de incorporar herramientas que permitan evitar que las dificultades se repitan.

La propuesta apunta a que los consumidores puedan recuperar su capacidad de pago, mientras que los acreedores tengan la posibilidad de cobrar las obligaciones mediante acuerdos sostenibles. "Muchos proveedores nos han manifestado que tampoco les conviene tener un consumidor que no pague, sino que vuelva a estar en actividad", señaló Nofal.

En cuanto a las vías de acceso, las personas interesadas pueden realizar consultas y recibir orientación a través de las oficinas municipales de Defensa del Consumidor. En San Rafael, los vecinos pueden acercarse a las oficinas de Defensa al Consumidor del Municipio (Ortiz de Rosas 477) para conocer los requisitos y los pasos necesarios para iniciar una presentación. También existen canales de denuncia y gestión a través de la Ventanilla Única Federal.

La creación de esta oficina representa una nueva instancia para quienes atraviesan dificultades financieras y necesitan buscar una salida antes de que las deudas comprometan aún más la economía familiar. El objetivo es promover acuerdos posibles, acompañar a los consumidores y prevenir que el sobreendeudamiento derive en situaciones de insolvencia más difíciles de revertir.