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La historia de la refacción de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes comenzó con polémica y, lejos de aclararse, suma interrogantes. Una ordenanza comprometió al Municipio a realizar obras de remodelación, mantenimiento, reparación y puesta en valor del templo, pero sin establecer cuánto dinero demandarían los trabajos.
Un verdadero "cheque en blanco", al menos en términos de previsión pública del costo: el artículo tercero de la Ordenanza N.º 15.584 dispone que los gastos se afrontarán con el presupuesto municipal vigente, aunque no fija una cifra concreta para la intervención.
El asunto podría haber quedado en una discusión sobre prioridades presupuestarias. Sin embargo, hay un dato que vuelve a ponerlo bajo la lupa: la comunidad parroquial también impulsó una campaña solidaria para reunir fondos destinados a las refacciones. La convocatoria, según medios sanrafaelinos, contemplaba 600 aportantes que contribuyeran con $25.000 mensuales durante seis meses.
La pregunta es inevitable: si el Municipio debía hacerse cargo de las obras, ¿por qué era necesario salir a buscar dinero entre los vecinos? ¿Se trataba de trabajos diferentes, de etapas complementarias o de gastos que no estaban cubiertos por el compromiso municipal? Hasta conocer los acuerdos y las cifras, no hay una respuesta definitiva.
Pero la discusión no termina ahí.
En mayo, el intendente Omar Félix anunció que recurriría a un crédito de hasta $10.000 millones para dar continuidad al plan de obra pública municipal. El Concejo Deliberante terminó autorizando el financiamiento, destinado a sostener distintas intervenciones en el departamento, en un contexto que el Ejecutivo atribuyó a la caída de la recaudación y al aumento de los costos.
En ese escenario, cada compromiso con recursos públicos exige todavía más claridad. No alcanza con anunciar obras ni con aprobar ordenanzas: también es necesario conocer cuánto cuestan, de dónde saldrá el dinero y cuáles son las prioridades que justifican cada decisión.
Por eso, en agosto, la concejal de La Libertad Avanza, Valentina Sánchez, presentó un pedido de informe para conocer el estado de las gestiones vinculadas con Lourdes. Solicitó detalles sobre expedientes, convenios, modalidad de ejecución, partidas presupuestarias, eventuales transferencias y montos asignados o ejecutados.
La respuesta, hasta ahora, nunca llegó.
No se trata de un detalle administrativo menor. Sin esa información, resulta imposible establecer con precisión qué hizo el Ejecutivo para cumplir con la ordenanza, qué recursos comprometió y cómo se articulaba ese compromiso con la campaña de aportes privados.
Y hay una pregunta más de fondo: ¿por qué un pedido de información sobre el destino de los recursos municipales sigue sin una explicación oficial?
No hace falta atribuir intenciones ni anticipar irregularidades para advertir el problema. La falta de respuestas impide despejar dudas que podrían resolverse con documentación: el presupuesto de la obra, los convenios firmados, las tareas previstas y el aporte que debía realizar cada parte.
La preservación de un templo con valor histórico y cultural puede ser un objetivo legítimo. Lo que necesita explicación es la forma en que se decidió financiarla y el alcance real del compromiso asumido por la comuna.
Porque mientras San Rafael discute cómo sostener sus obras y recurre al endeudamiento para mantener el ritmo de inversión, la ciudadanía también tiene derecho a conocer los detalles de cada gasto comprometido.