La continuidad del sistema de Lucha Antigranizo en el Sur mendocino vuelve a quedar envuelta en interrogantes. Mientras desde la Municipalidad de San Rafael se informa oficialmente que no ha recibido ningún convenio ni comunicación formal sobre su continuidad, existe una propuesta del Gobierno provincial que ya fue firmada por el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, y las Cámaras de Comercio de ambas Ciudades y que se acercó en la mañana de hoy al intendente sanrafaelino, Omar Félix, para su correspondiente firma.

El documento contempla un aporte de $900 millones del Gobierno provincial, además de la donación de tres aeronaves a los municipios, un pañol de repuestos, la radarización del sistema y un polvorín.

Según la información sobre las gestiones realizadas, quien suscribe esta propuesta es  el Gobierno Provincial y fue firmada por Alejandro Molero. Por su parte, Andrés Vavrik, delegado del Ministerio de Producción en la zona sur, junto con representantes de las cámaras, quedaron en acercar el documento a Omar Félix para que también lo firmara.

Sin embargo, desde el municipio sanrafaelino se emitió un comunicado en el que se sostiene que, hasta el momento, no se recibió información ni convenio oficial, sino solamente trascendidos sobre la existencia de un documento.

Los números que hay que poner sobre la mesa

Hay otro aspecto que merece especial atención: el económico.

A los $900 millones que aportaría la Provincia hay que sumar los $600 millones que deberá disponer la Municipalidad de General Alvear.

En el caso de San Rafael, la situación tiene una particularidad: los vecinos aportan aproximadamente $3.000 millones a través de un descuento establecido por ordenanza municipal en sus facturas de electricidad, (Edemsa) destinado a solventar el sistema de Lucha Antigranizo.

De esta manera, la cuenta global asciende a unos $4.500 millones.

Es decir, no estamos hablando solamente de un aporte provincial y de dos municipios, sino también de una suma millonaria que sale directamente del bolsillo de los vecinos de San Rafael, quieran o no, estén de acuerdo o no con el Sistema.

Y aquí aparece otro interrogante que merece una explicación municipal: el mecanismo de recaudación alcanza selectivamente a contribuyentes que pagan sus tasas municipales y mantienen al día sus facturas de Edemsa. En cambio, quienes mantienen deudas con el municipio, incluso desde hace varios años, no estarían alcanzados por ese descuento.

La pregunta es inevitable: ¿cuál fue el criterio utilizado para determinar quiénes deben aportar y quiénes quedan exceptuados?

Un convenio, muchas preguntas

La Lucha Antigranizo es un servicio que involucra importantes recursos económicos y que tiene consecuencias directas sobre la producción y la economía regional según dicen los defensores del sistema, aunque no todo el mundo esté de acuerdo.

Por eso, resulta necesario que los municipios involucrados y el Gobierno provincial informen con claridad cuáles son las condiciones de continuidad, cuánto aporta cada jurisdicción, qué infraestructura y equipamiento se ponen a disposición y cuál será el mecanismo de administración del sistema.

Mientras tanto, el Municipo sanrafaelino "juega" a la política con los intereses, el trabajo y el dinero de los sanrafaelinos que no eligen pagar, sino que son obligados.

Con $4.500 millones en juego, entre recursos provinciales, municipales y aportes de los vecinos, la discusión no puede quedar reducida a trascendidos, versiones o acuerdos que todavía no fueron comunicados formalmente.

Los vecinos tienen derecho a saber cuánto cuesta la Lucha Antigranizo, quién la financia y, fundamentalmente, cómo se administran los recursos que salen de sus bolsillos compulsivamente.

El Municipio sigue jugando al "quién tiene la culpa" mientras, los vecinos pagan sus accionar sospechoso.