Este domingo, seis departamentos de Mendoza -Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz- atravesaron una jornada electoral marcada por un dato imposible de disimular: la indiferencia ciudadana. El panorama en las escuelas habló por sí solo. Pasillos vacíos, mesas sin votantes y una participación que apenas alcanzó el 47% del padrón.
La escena no fue casual. La convocatoria, en este caso, fue para elegir cargos prácticamente invisibles en la vida cotidiana: concejales. Si ya cuesta que muchos vecinos identifiquen a sus intendentes, diputados o senadores, el desafío de reconocer a los ediles roza directamente lo imposible.
Pero la apatía no fue lo único que dejó esta elección. Según datos confirmados por la Junta Electoral de Mendoza, la logística y la impresión de boletas demandaron $2.736 millones. Traducido en números simples: $5.538,13 por cada elector habilitado, un costo que debieron afrontar íntegramente las comunas que optaron por separar sus comicios del calendario provincial.
El detalle por departamento muestra con crudeza el peso financiero de la decisión política:
San Rafael: $856.133.978,57
Maipú: $852.567.422,85
Luján de Cuyo: $638.878.676,80
Rivadavia: $254.715.213,09
Santa Rosa: $81.465.892,30
La Paz: $52.235.642,16
Un dato no menor completa el cuadro: dos de los municipios que desdoblaron para "no correr riesgos del arrastre nacional" -San Rafael y Rivadavia- terminaron perdiendo igual. Mucho gasto, poca eficacia y ningún blindaje electoral.
El desdoblamiento en pleno febrero es, en los hechos, un capricho político con respaldo legal, amparado en la Ley N° 8967/17. Su Artículo 85 fija un cronograma rígido para quienes deciden separar las elecciones municipales. La misma norma aclara, además, que en estos casos los municipios deben asumir el costo total del proceso electoral, acordando el pago con la Junta Electoral.
Es este marco legal el que hoy "encierra" a los departamentos en fechas alejadas del interés ciudadano y explica, en buena medida, una postal que se repite: elecciones caras, urnas vacías y vecinos cada vez más desconectados de un sistema que parece pensado más para la conveniencia política que para la participación real.