La Legislatura de Mendoza formalizó ante la Suprema Corte un conflicto de poderes contra la Municipalidad de San Rafael, al considerar que el departamento avanzó de manera inconstitucional sobre atribuciones exclusivas de la Provincia.

La presentación fue impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, quienes solicitaron la intervención urgente del máximo tribunal para frenar lo que calificaron como un "alzamiento institucional" del municipio.

Según el escrito presentado ante la Corte, San Rafael habría "incursionado en una conducta prohibida por la Constitución" al convocar y elegir una convención constituyente municipal sin habilitación provincial, lo que constituye una "captación de competencias provinciales" que no le corresponden.

En ese sentido, los demandantes advierten que se trata de una "usurpación de funciones" que pone en riesgo el orden institucional: "Se ha dado principio de ejecución a un avasallamiento de competencias provinciales", sostiene la presentación.

Además, el planteo es contundente al señalar que, de avanzar este proceso, podría consolidarse un escenario de extrema gravedad: "Se consumaría un verdadero golpe de estado institucional, con grave e irreparable lesión a la división de poderes y al régimen federal".

La demanda remarca que la autonomía municipal "nadie la pone en tela de juicio", pero subraya que su reglamentación corresponde a la Provincia y no puede ser definida de manera unilateral por cada municipio.

"La autonomía municipal no es separatismo", advierte el escrito, al tiempo que señala que este tipo de decisiones aisladas pueden generar "un mosaico regulatorio incompatible con un régimen común para toda la provincia".

En esa línea, se alerta sobre las consecuencias de permitir este tipo de iniciativas:
"Si cada municipio pudiera fijar el alcance de su propia autonomía, se produciría una atomización del régimen municipal", generando desorden institucional y conflictos entre jurisdicciones.

Asimismo, la presentación cuestiona la legalidad del proceso impulsado en San Rafael, señalando irregularidades como la falta de publicación oficial de la ordenanza, la ausencia de mayorías agravadas y la inexistencia de mecanismos de validación ciudadana.

Como medida urgente, se solicitó la suspensión inmediata de cualquier avance de la convención constituyente municipal, para evitar un daño institucional que califican como "grave e irreparable".

Finalmente, la Legislatura pidió a la Suprema Corte que declare la nulidad de todo lo actuado por el municipio y restablezca el orden constitucional, reafirmando las competencias provinciales en materia de organización municipal.