El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, se presentó voluntariamente ante la Justicia provincial y puso a disposición su teléfono celular para la realización de peritajes. La extracción de información del dispositivo se extendió durante varias horas y culminó con la restitución del aparato a su propietario. La medida se da en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual y violencia de género.

Daniel Sosa Arditi, abogado defensor de D'Agostino, confirmó que su cliente no ha sido imputado ni citado a declarar formalmente en la causa. Según explicó el letrado en declaraciones radiales, la defensa se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Violencia de Género, solicitando que se le reciba declaración, una decisión que aún está pendiente de resolución por parte del Ministerio Público.

El penalista detalló que la entrega del teléfono celular para peritajes fue considerada una medida central en esta etapa inicial de la investigación. Sosa Arditi señaló que, hasta el momento, la defensa no tiene acceso formal a la denuncia, basándose en información obtenida por trascendidos. La fiscal Valeria Bottini supervisó el proceso de extracción de datos, el cual, según la defensa, se llevó a cabo con total colaboración para facilitar la investigación.

Sin embargo, se aclaró que la pericia se limitará a la extracción de información básica, lo que significa que los mensajes que hayan sido eliminados del dispositivo podrían no ser recuperables. En contraste, en casos anteriores, como el del exjuez Walter Bento, se logró recuperar contenido borrado mediante la clonación completa del celular. El abogado insistió en que los elementos relevados hasta ahora no respaldan la acusación, afirmando que no existen comunicaciones que vinculen a D'Agostino con los hechos denunciados, a pesar de reconocer una relación previa entre ambos.

Respecto a la reciente renuncia de D'Agostino a su cargo, Sosa Arditi la calificó como un paso necesario para evitar cualquier suspicacia relacionada con el ejercicio de su función pública. El letrado minimizó la influencia que su anterior posición institucional pudiera tener en el proceso judicial, destacando que la exposición pública, en este contexto, tiende a perjudicarlo. El abogado espera la definición de la fiscal sobre los próximos pasos a seguir en la causa, mientras la defensa continúa sin acceso formal al expediente.