Una maniobra fraudulenta para falsificar certificados de vacunación y obtener beneficios económicos ilícitos, apodada "Plan B", comenzó a desbaratarse en Mendoza, con un foco inicial en casos detectados en el Sur provincial. La investigación, a cargo del fiscal Juan Ticheli y la División Delitos Económicos, apunta a la participación de personal de salud en la emisión de carnets apócrifos.

El caso salió a la luz a raíz de alertas internas dentro del sistema sanitario. Profesionales de la salud en San Rafael notaron que varios niños, con domicilio en esa zona, figuraban con el calendario de vacunación completo en los registros oficiales. Sin embargo, la realidad indicaba que nunca habían recibido las dosis correspondientes. La particularidad radicaba en que las supuestas aplicaciones figuraban en el Centro de Salud N° 22 de El Pastal, en Las Heras, a cientos de kilómetros de sus hogares.

Sospechas y un caso clave

La sospecha se profundizó al advertir que muchos de estos menores pertenecían a familias con posturas antivacunas. En algunos casos, los propios médicos tratantes sabían que los niños no habían sido vacunados, mientras que los sistemas informáticos provinciales (registro provincial, SISA y Mendoza por Mí) mostraban esquemas completos, con fechas, lotes y cargas efectuadas por usuarios habilitados. El punto de inflexión fue el caso de un menor de San Rafael, quien figuraba con múltiples vacunas aplicadas el 26 de marzo en El Pastal, sin que conste la administración de ninguna de ellas.

La revelación del "Plan B"

La denuncia formal se radicó la semana pasada, tras una serie de advertencias internas. Días antes, un pediatra sanrafaelino accedió a audios donde se describía un mecanismo para "resolver" la vacunación sin pasar por el vacunatorio, bajo el nombre de "Plan B". La información llegó a la coordinación sanitaria, activando una verificación interna que confirmó irregularidades en las cargas realizadas en el efector de El Pastal, especialmente en pacientes de otras zonas.

Irregularidades operativas y geográficas

Al cruzar datos, se detectó una inconsistencia geográfica significativa, con numerosos registros de menores de San Rafael, Valle de Uco y otros departamentos alejados en el mismo centro de salud. La irregularidad también era operativa: muchas supuestas vacunaciones no tenían correlato en la Historia Clínica Digital, y algunas cargas se realizaban fuera del horario laboral de los usuarios asignados. La coordinación sanitaria avanzó con una intervención encubierta, contactando el número de los audios bajo identidad falsa, donde un enfermero detalló el procedimiento y los costos, que podían ascender a 270 mil pesos más sumas adicionales por cada vacuna cargada.

Allanamientos y secuestros

Con la evidencia recolectada, incluyendo conversaciones documentadas por escribana, audios, capturas de pantalla y registros del sistema, la fiscalía avanzó con allanamientos en Las Heras y Lavalle. Se secuestraron dispositivos electrónicos, sellos oficiales, documentación sanitaria, recetarios y cerca de 160 certificados de vacunación, algunos ya completados. Los procedimientos incluyeron el Centro de Salud N° 22 y domicilios de los principales sospechosos, identificados como enfermeros del efector.

Perspectivas de la investigación

La causa se investiga inicialmente como cohecho pasivo, pero podría ampliarse a delitos de falsedad ideológica e inserción de datos falsos en registros públicos. El análisis de los dispositivos secuestrados será crucial para determinar la cantidad de involucrados, el circuito del dinero y el alcance real de la maniobra, que se presume sostenida durante 2025 y el presente año. Los investigadores destacan la gravedad de utilizar los registros oficiales de vacunación para simular coberturas inexistentes, alterando información clave para la salud pública.