La abogada de la expareja del exfuncionario provincial solicitó a la fiscalía que impute y detenga a Marcelo D'Agostino por abuso sexual reiterado, tras su imputación previa por amenazas y tenencia de arma de fuego.

La representante legal de la denunciante, Elena Quintero, presentó formalmente el pedido este miércoles, argumentando que existen presupuestos legales suficientes para la adopción de medidas de coerción personal contra el ex subsecretario de Justicia. La acusación se basa en hechos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y lesiones graves dolosas agravadas, ocurridos sin consentimiento válido de la víctima.

Pruebas y credibilidad del testimonio

La querella enfatiza que este tipo de agresiones suelen ocurrir en ámbitos privados, dificultando la obtención de pruebas directas. Por ello, sostienen que la declaración de la víctima adquiere un rol central y dirimente, siempre que sea sometida a un riguroso test de credibilidad. La abogada Quintero afirmó que el testimonio de la denunciante presenta coherencia interna y corroboración periférica, además de una persistencia inquebrantable en su relato.

La defensa de la denunciante critica que la causa haya sido tratada como un delito común y que la fiscalía no avance en la imputación de abuso sexual. La abogada Quintero señaló que subordinar el avance penal a una pericia psicológica previa carece de sustento normativo y constituye un requisito ilegítimo, ya que dicha pericia busca evaluar el daño y no sustituir la función del órgano acusador.

Riesgos procesales y pedido de detención

El pedido de detención preventiva se fundamenta en riesgos procesales, incluyendo el poder institucional que D'Agostino podría ejercer como ex subsecretario de Justicia, sus vínculos con fuerzas de seguridad y contactos de alto nivel. La querella alerta sobre un peligro de fuga ante la expectativa de una pena severa, así como riesgos de entorpecimiento probatorio, encubrimiento y amenazas a testigos.

La presentación concluye que la permanencia del imputado en libertad compromete la investigación penal, vulnera a la víctima y a los testigos, y frustra los fines preventivos y garantistas del sistema de medidas de coerción personal.

La causa se inició el pasado 10 de abril, cuando la expareja de D'Agostino lo denunció por abuso sexual reiterado y violencia de género, lo que derivó en su renuncia al cargo. Posteriormente, fue imputado por coacción en contexto de violencia de género y tenencia de arma de fuego.