Mendoza implementó una nueva normativa que eleva los estándares para los jardines maternales de gestión privada que brindan atención a niños de 45 días a 3 años. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca fortalecer los controles pedagógicos, sanitarios y de seguridad, exigiendo personal capacitado y condiciones mínimas para su funcionamiento.

La ley crea un Registro Único de Jardines Maternales de Gestión Privada, de carácter obligatorio y público, donde cada establecimiento deberá inscribirse antes de iniciar sus actividades y exhibir su número de registro. Se establecen pautas estrictas para el personal, que deberá contar con capacitaciones certificadas o títulos afines a educación inicial, psicopedagogía u otras áreas relacionadas. Además, será requisito presentar apto psicológico, antecedentes penales y certificado de manipulación de alimentos.

Se incorporan criterios de neurodesarrollo, juego, apego seguro y detección temprana de vulnerabilidad o abuso infantil, dotando al personal de herramientas para el acompañamiento integral de los niños y la comunicación fluida con las familias. La normativa también fija la cantidad mínima de adultos por sala, variando según la edad de los niños (1 por cada 5 lactantes, 1 por cada 8 niños de 1 año, y 1 por cada 12 de 2 y 3 años), y establece la figura de un auxiliar itinerante cada tres salas para tareas de apoyo.

Las instituciones deberán presentar anualmente un Proyecto Educativo Institucional (PEI) alineado con los objetivos de la Dirección General de Escuelas (DGE) para la primera infancia. En cuanto a infraestructura y seguridad, se exige habilitación municipal, seguro de responsabilidad civil, cobertura de emergencias médicas, plan de evacuación, matafuegos, salidas de emergencia y certificados de desinfección y desratización vigentes, además de mantener actualizado el registro de salud de cada niño y garantizar óptimas condiciones de higiene.

Los jardines maternales que ya se encuentran en funcionamiento contarán con un plazo máximo de seis meses para adaptarse a todas las nuevas exigencias y poder continuar operando en la provincia.