El Poder Judicial de Mendoza oficializó la nómina de 11.015 ciudadanos que quedaron habilitados para integrar jurados populares durante el año 2027. El sorteo, realizado en las instalaciones del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, definió a los potenciales integrantes basándose en las terminaciones de sus Documentos Nacionales de Identidad, asegurando una representación equitativa y democrática en la administración de justicia penal.

Esta modalidad de participación ciudadana, que ya es una marca registrada en el sistema judicial mendocino, busca integrar a la sociedad civil en la toma de decisiones judiciales. La selección se realiza mediante un sorteo público que garantiza la paridad de género y abarca a las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, cumpliendo con la normativa vigente que establece el juicio por jurados como una carga pública obligatoria para los seleccionados.

Los números de DNI que quedaron seleccionados para esta lista anual son: 503, 635, 440, 616, 054, 802, 338, 995 y 835. Es importante aclarar que figurar en este listado no implica una citación inmediata a un juicio, sino que habilita a la persona a ser convocada para futuras instancias de selección, donde se definirá finalmente a los 12 titulares y 4 suplentes que actuarán en cada debate oral.

Durante el acto, el ministro de la Suprema Corte, José Valerio, destacó el valor democrático de esta herramienta, señalando que los ciudadanos que participan suelen transformar su visión sobre la justicia, e incluso algunos terminan volcándose al estudio de carreras vinculadas al derecho. Por su parte, desde el IPJyC resaltaron la transparencia del proceso, que se ha consolidado como un pilar fundamental en la modernización institucional de la provincia.

Aquellos ciudadanos que resulten sorteados para un juicio específico serán notificados en sus domicilios y no requieren conocimientos técnicos previos, ya que el juez a cargo del debate brinda las instrucciones necesarias. La participación en los juicios por jurados representa una oportunidad única para que los mendocinos se involucren directamente en el sistema judicial, fortaleciendo el vínculo entre la ley y la comunidad.