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La Cámara comenzó a discutir esta iniciativa que busca combatir la delincuencia y mejorar la seguridad del país.
El Gobierno de Perú acaba de presentar dos nuevos proyectos de ley en el Congreso, los mismos proponen el restablecimiento del servicio militar obligatorio para jóvenes desempleados, sin estudios y con antecedentes judiciales.
Las propuestas, impulsadas por la Municipalidad de Los Olivos y la congresista María Acuña del partido Alianza para el Progreso, buscan frenar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.
El servicio militar obligatorio fue suspendido en Perúen 1999, adoptando desde entonces un modelo voluntario. Sin embargo, debido al creciente aumento de la delincuencia juvenil y la inseguridad en varias partes del país, estos nuevos proyectos de ley buscan restablecer la obligatoriedad del servicio militar, argumentando que podría ser una forma efectiva de alejar a los jóvenes de las redes delictivas y brindarles una oportunidad para integrarse a la sociedad.
El proyecto de ley presentado por la Municipalidad de Los Olivos busca restablecer el servicio militar obligatorio como una estrategia para mejorar la seguridad ciudadana en un distrito que ha enfrentado altos índices de inseguridad. La propuesta se enfoca en jóvenes que, debido a su desempleo prolongado, la falta de estudios o antecedentes judiciales, podrían ser más vulnerables a la delincuencia.
El debate sobre la propuesta ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores apoyan el restablecimiento del servicio militar obligatorio como una herramienta para reducir la delincuencia juvenil, otros cuestionan la efectividad de esta medida, citando que solo un pequeño porcentaje de los delincuentes en Perú son menores de edad. Según cifras del Ministerio Público y el Poder Judicial, solo el 1% de los delincuentes son menores de edad, y menos del 9% de los sentenciados son jóvenes de 18 años o menos.
A pesar de estas cifras, los defensores de los proyectos argumentan que el servicio militar obligatorio podría ayudar a los jóvenes más vulnerables a encontrar un camino alternativo, proporcionando un entorno de disciplina y oportunidades laborales que los aleje de las redes delictivas.
Sin embargo, expertos en políticas públicas y derechos humanos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los jóvenes desempleados y sin estudios, quienes podrían ser considerados como "sospechosos" de criminalidad solo por su situación económica o educativa.