La crisis migratoria en Ceuta comenzó a descomprimirse este viernes, aunque con un saldo trágico: el número de muertos entre quienes intentaron llegar por mar al enclave español ascendió a 57, mientras unos 48.300 migrantes ya regresaron a Marruecos, muchos de ellos de forma voluntaria. El Gobierno español estima que alrededor de 50.000 personas cruzaron durante la crisis -otras fuentes elevan la cifra a 60.000-, en una de las mayores entradas irregulares de la historia de la ciudad.

Muchos de los migrantes que regresaron contaron que se les había hecho creer que tendrían alojamiento garantizado a su llegada a España, pero encontraron los centros de recepción saturados y pocas posibilidades de quedarse. El desborde obligó a desplegar refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

El presidente Pedro Sánchez visitó Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y calificó lo ocurrido como "una violación de la integridad territorial de España". Durante la visita anunció nuevas medidas de control fronterizo, entre ellas la instalación de un sistema de boyas en las inmediaciones del espigón de El Tarajal para impedir cruces por vía marítima. También adelantó que se acelerará la identificación y devolución de los migrantes que ingresaron de forma irregular y agradeció la cooperación de Marruecos.

La crisis derivó además en una fuerte tensión diplomática dentro de la Unión Europea. Italia anunció la suspensión del acuerdo de libre circulación de Schengen con España y dispuso la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos. La primera ministra Giorgia Meloni y el canciller Antonio Tajani consideraron insuficiente la protección de la frontera exterior de la UE, una postura respaldada luego por Finlandia. En respuesta, el canciller español José Manuel Albares convocó al embajador italiano en Madrid para presentar una protesta formal y aseguró que "la integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada", ya que nadie puede trasladarse de Ceuta a la Península sin identificarse en un control policial.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también se pronunció y responsabilizó directamente a España: calificó la crisis como "resultado directo" de su política migratoria y habló de "esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa". La Comisión Europea, en tanto, se mostró dispuesta a brindar apoyo adicional, incluido el refuerzo de la agencia Frontex, y convocó a los embajadores de la UE a una reunión extraordinaria el lunes para coordinar la respuesta.