El Tribunal Superior Electoral de Brasil impuso una multa de 1,3 millones de dólares a Facebook, propiedad de Meta, tras determinar que la plataforma incumplió órdenes judiciales durante el tramo final de la contienda presidencial. La Justicia concluyó que la empresa no respondió de manera adecuada ni oportuna a los requerimientos sobre el tratamiento desigual de contenidos entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, aunque aclaró que no existen pruebas de una intención deliberada por alterar el resultado de los comicios.

El conflicto se originó durante la segunda vuelta, cuando el equipo de campaña de Lula denunció que los algoritmos de Instagram, Facebook y WhatsApp estaban siendo manipulados para favorecer al entonces presidente Bolsonaro. Estas acusaciones derivaron en protestas frente a las oficinas de la tecnológica en San Pablo. Si bien Meta aseguró haber implementado medidas para garantizar la equidad, el tribunal señaló que la compañía entregó información incompleta y presentó demoras injustificadas en el cumplimiento de las directivas judiciales.

La sanción económica, equivalente a 7,5 millones de reales, se desglosa en multas diarias acumuladas entre el 17 y el 25 de octubre. El juez Marco Aurélio Bellizze, cuyo fallo fue respaldado por unanimidad, subrayó que la penalidad responde a la conducta procesal de la empresa y a la dificultad para auditar los datos solicitados. Por su parte, la firma de Mark Zuckerberg reiteró su postura oficial, negando cualquier sesgo político y defendiendo la aplicación de reglas uniformes para todos los actores políticos, tal como lo hacen en otros procesos electorales a nivel global.

Este fallo pone de relieve la tensión creciente entre las grandes plataformas digitales y los organismos de control democrático en América Latina, especialmente en lo que respecta a la transparencia de los algoritmos durante procesos electorales. Mientras la Justicia brasileña busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de las redes sociales, el debate sobre la moderación de contenidos y la neutralidad de las plataformas continúa siendo un eje central en la agenda política regional.

Tras el cierre de este proceso, el foco se desplaza hacia la capacidad de las autoridades para regular el impacto de la inteligencia artificial y la gestión de datos en futuras elecciones. Meta, por su parte, deberá enfrentar el desafío de mejorar sus protocolos de cooperación con los tribunales electorales para evitar nuevas sanciones que comprometan su reputación en el mercado brasileño.