de

País

Milei firmará un decreto clave para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas

Sabado, 28 de Setiembre de 2024

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el presidente Javier Milei firmará la próxima semana un decreto para acelerar la privatización de Aerolíneas Argentinas.

"El Presidente va a declarar a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo permite el artículo noveno de la Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado", afirmó Adorni durante su habitual conferencia en Casa Rosada.

La decisión se enmarca en el conflicto entre la empresa estatal y los gremios aeronáuticos, quienes han realizado paros en rechazo a la privatización que promueve el gobierno de Milei.

Según Adorni, Aerolíneas arrastra un déficit crónico, consecuencia de las "desastrosas gestiones de los gobiernos populistas", lo que ha obligado al Estado a realizar constantes transferencias que comprometen la sostenibilidad fiscal. "Desde su estatización en 2008, el Estado ha destinado más de 8 mil millones de dólares. ¿Por qué los argentinos que nunca han volado deben pagar esta atrocidad?", cuestionó el vocero

Este año, el Congreso debatió la posible privatización de la aerolínea en el contexto de la Ley Bases, aunque el Ejecutivo no consiguió los consensos necesarios para avanzar con el plan. No obstante, se incluyó una disposición que permite al presidente Milei declarar como privatizables otras empresas estatales no incluidas en el listado original.

En un nuevo intento por acelerar la transferencia de Aerolíneas Argentinas al sector privado, el oficialismo impulsó esta semana una discusión en la Cámara de Diputados, con una iniciativa presentada por el PRO.

El artículo citado por Adorni especifica que, una vez que el Poder Ejecutivo declara a una empresa "sujeta a privatización", esta adquiere prioridad en el trámite parlamentario.

La Ley de Reforma del Estado también permite que el Ejecutivo disponga la eliminación de privilegios, cláusulas monopólicas o prohibiciones discriminatorias que puedan impedir la privatización, desmonopolización o desregulación de los servicios afectados.