El Gobierno fijó los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización.

La prohibición se mantenía vigente desde hace 16 años, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la tonelada de chatarra rondaba los 70 dólares.

Con el Decreto 1/2025, el presidente Javier Milei autorizó la comercialización definitiva o temporaria de chatarra y residuos metálicos. Estos podrán ser utilizados como "insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo" en el Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos.

Cuánto cuesta la chatarra y qué países la compra

La liberación de la exportación de chatarra, que podría alcanzar precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada, generó rechazo entre las principales siderúrgicas, como Techint y Acindar. Asimismo, despierta dudas en unas 300 pymes metalúrgicas que emplean a 6.000 personas.

Los principales países compradores de la chatarra argentina serían China y Turquía.

La exportación de chatarra funciona de manera similar a la de carne con la cuota Hilton: los mejores "residuos" (que en la industria prefieren llamar "insumos") se exportarán, mientras que en el país quedarán los de menor calidad, que no pueden ser procesados en los hornos de las pymes siderúrgicas.

La industria siderúrgica enfrenta costos elevados en insumos como el hierro, que se importa desde Brasil, y el carbón, traído de Australia. Aunque la energía eléctrica en Argentina es competitiva, las tarifas subieron más del 30% por encima de la inflación en el último año. Además, los salarios han aumentado en dólares debido al atraso cambiario, y los impuestos son considerados altos por el sector.

Para producir acero, Techint podría recurrir a importaciones de hierro y carbón, lo que resultaría en un acero con mayores emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, necesitará que el Banco Central le facilite dólares para esas operaciones. Por esta razón, la industria sostiene que la chatarra es un "insumo estratégico".

En el artículo 1° de la medida, se aclara que "no estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final".

También establece que "la exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación".

Otro requisito de la normativa es la presentación de una "Declaración Jurada" que certifique que los materiales no son peligrosos, según la normativa nacional e internacional. Los exportadores también deberán demostrar que su carga cumple con las regulaciones internacionales, principalmente el Convenio de Basilea, para garantizar que los residuos sean apropiados y no representen riesgos para el medio ambiente.

El Gobierno clasificó los diferentes tipos de residuos que formarán parte de la comercialización:

Residuo: materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad, destinado a eliminación, reciclado, recuperación o disposición final.

Residuo no peligroso valorizado: aquel que no está incluido en la normativa de residuos peligrosos y que ha sido sometido a valorización o eliminación de su peligrosidad.

Valorización: procedimiento que permite el aprovechamiento de recursos contenidos en los residuos mediante reciclaje físico, químico, mecánico o biológico, y reutilización.

Previo a la oficialización de la norma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó que la prohibición "era nociva por varios motivos". Según el ministro, "al deprimir el precio local de los desechos, desincentivaba el reciclado". Además, destacó que la prohibición impedía múltiples negocios en sectores como el reciclado de cables de cobre desechados, que tienen un activo mercado en el exterior.

"En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición", agregó Sturzenegger.

El ministro también señaló que la normativa anterior beneficiaba a los procesadores de chatarra, pero perjudicaba a las pequeñas empresas de reciclado, al tiempo que se perdían cientos de oportunidades de valorización de residuos.