El Gobierno nacional oficializó este martes el inicio del proceso de privatización de Intercargo, la empresa encargada del servicio de rampas y traslado de equipajes en los aeropuertos del país.

La medida, establecida a través del Decreto 198/2025 y publicada en el Boletín Oficial, autoriza la venta del 100% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública nacional e internacional.

La decisión se enmarca en la política de desregulación del sector aerocomercial impulsada por la actual administración, que ya había habilitado en noviembre de 2024 la competencia privada en la prestación del servicio de rampa.

La desregulación se produjo tras un fuerte conflicto con el gremio del sector, cuando una medida de fuerza paralizó las operaciones en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, afectando a miles de pasajeros.

En ese entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado "el fin de Intercargo tal como se conoce" y aseguró que "ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle su viaje, sus vacaciones o su traslado por razones médicas". El paro dejó varados a más de 2.000 pasajeros, generando una fuerte reacción del Ejecutivo.

Intercargo mantenía hasta la desregulación el monopolio en el servicio de rampa en 21 aeropuertos del país, amparada en la Resolución 7417/90, que le otorgaba la concesión exclusiva en Ezeiza y Aeroparque. Con la apertura del mercado, otras empresas privadas fueron autorizadas a operar en este segmento.

Según el decreto publicado, el Ministerio de Economía será el responsable de llevar adelante el proceso de privatización, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas".

Esta entidad se encargará de garantizar la transparencia del proceso y de asegurar que la transferencia de la empresa no afecte la conectividad aérea del país.

El Gobierno subrayó que la medida busca fomentar la competencia y modernizar el sector aerocomercial. En ese sentido, el artículo tercero del decreto establece que el Ministerio de Economía deberá adoptar las medidas necesarias para que la privatización no interrumpa la prestación del servicio aeroportuario ni la conectividad nacional e internacional.

Además, el contrato de concesión vigente entre el Estado e Intercargo será rescindido de mutuo acuerdo antes de concretar la venta.

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