Para justificar la medida Bullrich advirtió que estos centros de estudiantes fomentan un esquema incompatible con el "sistema de reinserción social".

La avanzada libertaria contra los presos que estudian en las cárceles también incluye la prohibición de que las personas privadas de la libertad puedan permanecer "en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos".

Entre los considerandos de la medida se advierte que uno de los fines de la ejecución de la pena privativa de la libertad es "el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia". En ese sentido, justificaron que "la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social".

Desde la cartera conducida por Bullrich consideraron además que si bien "el derecho a la educación se encuentra plenamente reconocido como tal a las personas privadas de libertad en normativa internacional incorporada con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y, específicamente, en los artículos 133 a 142 de la Ley N° 24.660, texto según Ley N° 26.695", las mismas normativas son "incompatibles con el sistema de reinserción social" y que la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente.

"Por el contrario, el esquema implementado a través de los centros de estudiantes afecta las reglas establecidas por la Ley N° 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario", ahondaron.

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