Con el resultado de 42 votos afirmativos contra 28 negativos (2 abstenciones), el Senado sancionó la reforma laboral y le dio al Ejecutivo una de las herramientas centrales de su programa económico. La votación se concretó en el tramo final del período extraordinario y representa un respaldo legislativo de peso para la Casa Rosada.

La iniciativa había regresado a la Cámara alta tras las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas la eliminación del artículo que alteraba el régimen de licencias médicas y habilitaba descuentos salariales según el origen de la enfermedad. Ese punto había generado una fuerte controversia y finalmente fue retirado del texto definitivo.

La norma, que supera los 200 artículos, introduce cambios estructurales en el sistema laboral. Reduce la base de cálculo y fija topes para las indemnizaciones, permite el pago de sentencias en cuotas -con plazos diferenciados para grandes empresas y pymes- y establece una actualización por inflación más un adicional anual.

También contempla la reducción de aportes patronales para incentivar la registración de trabajadores y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes empresariales mensuales destinados a cubrir eventuales ceses laborales.

En materia de condiciones de trabajo, la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con descansos compensatorios, crea un banco de horas extra para acordar compensaciones y permite la fragmentación de las vacaciones. Con esta sanción, el oficialismo consolida una de las reformas más ambiciosas de su agenda y suma un triunfo político de alto impacto.

Otra votación clave en la misma jornada

Horas antes, el Senado también había aprobado la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, convirtiendo en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa votación marcó el tono de una sesión intensa y de fuerte carga política, en la que el oficialismo logró avanzar con dos de los proyectos más sensibles de su agenda.

Con ambas sanciones, la Cámara alta cerró una jornada de alto impacto legislativo, otorgándole al Gobierno dos respaldos centrales en materia penal y laboral.