La Cámara Federal de Tucumán tomó la decisión de apartar al juez Sebastián Argibay, quien estaba a cargo de la investigación que podría derivar en la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La resolución se da en medio de fuertes cuestionamientos a la imparcialidad del magistrado.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, investiga presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos vinculadas al manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino. El pedido de detención de ambos dirigentes se basa en la sospecha de que podrían entorpecer la investigación o eludir a la Justicia.

Según trascendió, la recusación del juez se fundamenta en un supuesto vínculo comercial entre Argibay o sus familiares y Toviggino. La posible conexión se centraría en la venta de una finca, que habría sido escriturada por un valor inferior al de mercado e involucraría a familiares directos de ambos implicados.

Este apartamiento introduce un nuevo capítulo de incertidumbre en la causa, retrasando la definición sobre el futuro judicial de Tapia y Toviggino. La investigación, que ya presenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, suma así una nueva complejidad que demora definiciones clave.

La decisión, que se espera sea oficializada en las próximas horas a través de la plataforma Lex 100, redefine el panorama judicial y abre la puerta a la designación de un nuevo magistrado para continuar con el análisis del pedido de detención.