El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través del decreto 829 publicado en el Boletín Oficial, la decisión de congelar por treinta días la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos. La medida, que extiende el plazo hasta el 1° de octubre, busca frenar una presión inflacionaria inmediata y evitar un traslado directo a los precios de la nafta y el gasoil que pagan los consumidores en todo el país.

Esta estrategia de diferimiento no es nueva para la administración de Javier Milei, que ya había recurrido a esquemas similares en abril y junio para amortiguar el impacto en el bolsillo. El objetivo central de la gestión económica es mantener la estabilidad de los precios mientras se busca un sendero fiscal sostenible, evitando que el ajuste impositivo pendiente -correspondiente a períodos de 2024, 2025 y parte de 2026- se aplique de manera abrupta sobre el valor final en el surtidor.

La normativa contempla un tratamiento especial para la región patagónica y zonas específicas, incluyendo al departamento mendocino de Malargüe, donde se aplicará un esquema diferenciado. Cabe recordar que los combustibles acumulan una suba promedio del 25% en lo que va de 2026, un año marcado por la volatilidad del precio internacional del crudo, que llegó a superar los 120 dólares por barril durante los picos de tensión geopolítica global.

De cara a las próximas semanas, el panorama sigue siendo complejo. Si bien el precio internacional del petróleo ha mostrado leves retrocesos, las petroleras locales aún intentan recomponer márgenes de rentabilidad resignados durante los meses previos. Aunque el Gobierno busca dar previsibilidad, los analistas advierten que la presión sobre los costos operativos persiste y que el mercado interno continúa operando con valores que, en el caso de la nafta súper, ya superan los 2.000 pesos por litro en los principales centros urbanos.

En definitiva, esta postergación le otorga un respiro temporal a los consumidores, pero el sector energético permanece en estado de alerta. Mientras el Ejecutivo intenta moderar el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el mercado aguarda definiciones sobre cómo se resolverá el atraso impositivo acumulado una vez que finalice este nuevo plazo de gracia en octubre.