La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia de diez años de prisión para un matrimonio y su hijo, quienes fueron hallados culpables de someter a una menor de 13 años a una unión forzada y diversas formas de explotación. El fallo desestimó los recursos presentados por la defensa, que intentaba justificar el accionar bajo el amparo de usos y costumbres de la comunidad gitana, argumento que fue rechazado de plano por el magistrado Daniel Petrone al considerar que tales prácticas no eximen de responsabilidad penal ante graves delitos de trata.

El calvario de la víctima comenzó entre marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando fue entregada por sus padres a cambio de dinero para convivir con un joven de 20 años. Tras el casamiento, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde vivió un escenario de horror: fue sometida a servidumbre sexual, doméstica y laboral, además de sufrir agresiones físicas constantes, como quemaduras con cigarrillos y agua caliente. La joven, que quedó embarazada durante este periodo, era obligada a realizar venta ambulante bajo amenazas y privaciones extremas.

El caso tomó un giro definitivo en abril de 2025, cuando los agresores intentaron secuestrar nuevamente a la joven en San Juan, tras haber logrado ella refugiarse con su familia biológica. Gracias al aviso de un testigo al 911 y la rápida intervención de la policía en Caucete, la víctima y su hijo fueron rescatados mientras eran forzados a subir a una camioneta. La investigación, que contó con el trabajo conjunto de la Protex y diversas fiscalías federales, culminó con esta condena que incluye una reparación económica de 75 millones de pesos para la sobreviviente.

Este fallo sienta un precedente fundamental en la justicia argentina al priorizar la protección de los derechos humanos de las niñas y adolescentes por encima de cualquier justificación cultural o tradicionalista. La resolución de Casación refuerza la postura de que el matrimonio infantil y la trata de personas no pueden ser validados bajo ninguna circunstancia, marcando un límite claro frente a prácticas que vulneran la integridad y libertad de las víctimas.

Con esta confirmación, la Justicia cierra una etapa procesal clave, garantizando que los responsables cumplan la pena impuesta por los delitos de trata de personas con fines de explotación. Mientras tanto, la víctima continúa bajo el resguardo de las autoridades y su entorno familiar, buscando reconstruir su vida tras años de violencia sistemática y cautiverio.