El Gobierno nacional oficializó la derogación del artículo 154 del DNU 70, una medida que buscaba eliminar los topes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Con esta decisión, el Ejecutivo da marcha atrás en uno de los puntos más cuestionados de su paquete de desregulación económica, restableciendo la vigencia plena de la Ley 26.737 que impone un límite del 15% para la titularidad de tierras en manos foráneas.

Esta modificación responde a una estrategia de negociación parlamentaria que se venía gestando hace meses. El artículo 154 había sido blanco de fuertes críticas por parte de la oposición, que lo señalaba como una amenaza a la soberanía territorial. La falta de consenso sobre este punto trababa el avance de otros proyectos clave en el Congreso, convirtiéndose en un escollo para la agenda oficialista en ambas cámaras.

El cambio de rumbo se consolidó tras un plenario clave de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo logró destrabar el dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada al sumar 34 firmas. Este movimiento no solo destraba el debate legislativo, sino que busca ofrecer una salida institucional y tender puentes con los sectores de la oposición dialoguista que mantenían reparos sobre la desregulación territorial.

En paralelo a esta medida, el oficialismo intensificó sus reuniones en Casa Rosada para blindar su estrategia legislativa. Bajo la coordinación de Karina Milei y con la presencia de figuras clave como Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich, el Gobierno busca unificar posturas ante una posible ofensiva opositora, priorizando el diálogo con las provincias para asegurar la gobernabilidad y el avance de sus proyectos prioritarios en el Congreso.

Con la restitución de los límites a la compra de tierras, el Gobierno intenta cerrar un frente de conflicto abierto y reordenar sus prioridades en el Parlamento. La jugada busca equilibrar la necesidad de atraer inversiones con la preservación de los marcos regulatorios vigentes, en un escenario donde la rosca política y el consenso con los bloques aliados se volvieron indispensables para el futuro de la gestión.