El Gobierno nacional, a través del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió con firmeza el presupuesto 2027 en Diputados. Ante la inminencia de la Quinta Marcha Federal Universitaria, los funcionarios aseguraron que no existe desfinanciamiento en las casas de altos estudios y denunciaron una supuesta mala administración por parte de las autoridades universitarias, calificando a la dirigencia del sector como una "casta" que busca mantener privilegios.

La disputa se da en un contexto de alta conflictividad judicial y gremial. Recientemente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó recursos de queja del Estado, lo que le otorga un respiro al Ejecutivo en su pulseada contra las universidades, que reclaman actualizaciones salariales y presupuestarias. Este escenario se suma a los constantes reclamos de los gremios docentes, que denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 24% desde fines del año pasado.

Durante el debate, Álvarez cuestionó la falta de rendición de cuentas desde 2015 y rechazó el pedido de 11 billones de pesos solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), calificándolo como excesivo frente a los 7,7 billones previstos en el proyecto oficial. Por su parte, Torrendell puso el foco en la eficiencia del gasto, cuestionando el costo fiscal por graduado y la expansión desmedida del sistema en las últimas dos décadas, mientras que desde la oposición exigieron precisiones sobre las irregularidades denunciadas.

La jornada estuvo marcada por un clima de hostilidad. Mientras el oficialismo insistió en que los salarios docentes están por encima de la media estatal y llamó a terminar con la "mentira" del desguace universitario, desde Unión por la Patria criticaron la falta de apertura al diálogo y la ausencia de representantes de la comunidad educativa en el plenario. La tensión llegó a su punto máximo cuando los diputados Carlos Castagneto y Andrés Leone protagonizaron un fuerte cruce físico y verbal que obligó a interrumpir la sesión.

El cierre del debate dejó en evidencia que la brecha entre el Ejecutivo y las universidades está lejos de cerrarse. Mientras el Gobierno apuesta a la eficiencia presupuestaria y cuestiona las formas de protesta estudiantil, los gremios y rectores se preparan para profundizar sus medidas de fuerza, manteniendo el conflicto universitario como uno de los focos de mayor inestabilidad política de cara al cierre del año legislativo.