El Gobierno nacional introdujo este lunes modificaciones al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones con el propósito de agilizar la llegada de capitales, facilitar operaciones societarias y computar aportes externos efectuados por accionistas del exterior.
Los cambios quedaron formalizados a través del decreto 1366, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Economía Luis Caputo. Según los considerandos de la medida, la reglamentación requería ajustes puntuales para precisar alcances y preservar la coherencia entre las metas del régimen y las condiciones de acceso.
Entre las principales modificaciones, la normativa amplía el universo de compañías que pueden ser consideradas proveedoras locales. Desde ahora, cualquier persona jurídica constituida y domiciliada en Argentina tendrá esa condición, sin importar la nacionalidad de sus accionistas o el origen extranjero de su capital. En el caso de proveer bienes y no solo servicios, deberán cumplir las reglas de origen del Mercosur.
En materia financiera, el decreto determina que no solo se computarán las divisas liquidadas por el Vehículo de Proyecto Único, sino también los aportes o financiamientos externos ingresados por accionistas directos o indirectos, socios o integrantes de una Unión Transitoria, siempre que se acredite su destino contable al proyecto adherido.
La normativa también habilita reorganizaciones societarias al establecer que la compraventa de acciones en proyectos ya inscriptos no altera los beneficios obtenidos, aunque dicha adquisición posterior no computa para el monto mínimo de inversión exigido. Del mismo modo, se permite a los socios de una Unión Transitoria ceder participaciones o incorporar nuevos integrantes sin perjudicar la iniciativa.
Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, concentrados en minería y energía con inversiones previstas superiores a los 2000 millones de dólares cada uno, se diferenciaron las metas parciales de cada etapa respecto del compromiso total y se fijó una única fecha límite para completar la inversión mínima global en activos computables.
En paralelo, el Ministerio de Economía oficializó mediante la resolución 1983 la incorporación de un nuevo parque eólico al régimen, denominado Vientos La Rinconada y ubicado a cuarenta kilómetros de la localidad bonaerense de Olavarría.
Este proyecto energético demandará una inversión total de 230,7 millones de dólares y contará con una potencia instalada de 94,5 megavatios. Su producción estará destinada principalmente al abastecimiento de la planta siderúrgica Siderca, situada en el partido de Campana.
Para cumplir con las exigencias del régimen, la empresa desarrolladora deberá ejecutar el cuarenta por ciento de la inversión computable en cada uno de los primeros dos años y completar el monto mínimo requerido antes del 31 de marzo de 2027.