Esta mañana, la plaza San Martín fue epicentro de una nueva concentración de familiares, prestadores, transportistas, referentes de centros e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, quienes se concentraron una vez más en reclamo a la crítica situación que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad, en reclamo a los recortes, demoras en los pagos, falta de recursos y abandono estatal. Solicitando además que se dicte la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Dicha Ley busca declarar la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de abordar las distintas necesidades urgentes de las personas con discapacidad en Argentina.

Asimismo cabe recordar que la financiación de todos los servicios de discapacidad -educación, salud, transporte, acompañamiento escolar- depende directamente del gobierno nacional a través de un nomenclador que regula la actividad y las habilitaciones.

En diciembre del 2024 fue el último aumento y desde esa fecha hasta hoy no se volvieron a actualizar los aranceles lo que lleva al peligro del cierre de instituciones y centros, lo que implica dejar sin asistencia cientos de personas y la pérdida de puestos de trabajo.

Dialogamos con la mamá de una niña con discapacidad quien dejó un claro mensaje de la preocupante situación que los afecta.