Si cualquier persona -sin formación jurídica ni control ético alguno- puede ofrecer servicios legales mediante una aplicación digital, una gestoría o una escribanía, ¿quién protege al ciudadano? ¿Quién responde por un mal consejo en una herencia, un divorcio o una defensa penal?

Actualmente todas esas materias están sometidas al control de los colegios profesionales, que ejercen funciones públicas mediante normas éticas claras y órganos disciplinarios con capacidad de sancionar a quienes actúan con negligencia o deslealtad. Eliminar esta estructura institucional es entregar al ciudadano a operadores sin responsabilidad ni estándares mínimos de idoneidad profesional.

Para los jóvenes abogados , el colegio es muchas veces el primer lugar de pertenencia, contención, orientación . Brinda acceso a espacios de capacitación, asesoramiento práctico, apoyo institucional y contacto con otros profesionales. Es el entorno donde se aprende a litigar, a respetar normas éticas, y a construir identidad profesional.

Para quienes ya transitamos décadas de ejercicio, el colegio sigue siendo un faro de actualización permanente, un espacio de diálogo profesional, y un defensor de los derechos laborales y gremiales del abogado frente a reformas o prácticas que vulneran su labor.

En un mundo jurídico cada vez más complejo y atravesado por cambios tecnológicos, sociales y normativos, la formación continua no es una opción: es una necesidad, los colegios la garantizan con herramientas accesibles, integrales y de calidad.

DEFENDER LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA NO ES UN ACTO CORPORATIVO: ES UN COMPROMISO CON LA ÉTICA, LA CALIDAD PROFESIONAL Y EL ACCESO A UNA JUSTICIA CONFIABLE Y CON GARANTÍAS.